Santander.- El Gobierno de Cantabria ofrecerá ayudas de hasta 20.000 euros a los ciudadanos que quieran comprar una vivienda vendiendo la suya, aunque el precio de esta propiedad no podrá exceder los 1.576 euros el metro cuadrado, que es la cantidad máxima fijada para una vivienda de protección oficial usada.
El consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria, José María Mazón. EFE/Archivo
Esta es una de las 19 medidas que recoge el decreto elaborado por el Gobierno regional que regula las ayudas para el acceso a la vivienda y que hoy ha presentado el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón.
Acompañado por el director general de Vivienda, Francisco Gómez, Mazón ha destacado el "gran esfuerzo" que realizará el Gobierno regional para reactivar un sector, como el de la vivienda residencial, que atraviesa una crisis.
Entre las medidas, el consejero ha destacado la puesta en marcha de la nueva figura de la compra venta limitada, que ofrece ayudas de hasta un 7 por ciento, con un límite de 20.000 euros, para los propietarios que quieran comprar una nueva vivienda y vendan la suya.
Esta vivienda usada, que tendrá que ser recalificada como protegida, no podrá superar un precio de hasta 1.576 euros el metro cuadrado y su comprador se podrá acoger a las ayudas que establece el Gobierno regional para su adquisición.
Por su parte, el vendedor tendrá derecho a acogerse a la ayuda de esta nueva figura para adquirir una vivienda nueva, que también tendrá que estar calificada como protegida, por lo que su precio no superará los 4.000 euros el metro cuadrado.
Mazón ha señalado que se trata de una medida temporal, que "probablemente" no permanezca durante toda la duración del Plan Estatal de Vivienda 2009-2011 y que ha sido "muy bien recibida" por el sector.
El decreto del Gobierno de Cantabria establece, además, otra serie de medidas para la promoción de viviendas, rehabilitación de edificios y renovación urbana y para el fomento de la mejora energética de la edificación.
Asimismo, recoge ayudas a personas demandantes de vivienda (inquilinos y propietarios), para las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI), Áreas de Renovación Urbana (ARUS) y Áreas de Erradicación del Chabolismo (ARECHAS).
También prevé ayudas económicas complementarias a las ya establecidas dentro del Plan Nacional de Vivienda y que corren a cargo de los propios presupuestos de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo.
Entre las medidas para el fomento de la venta de vivienda, Mazón ha resaltado la posibilidad de que aquellas promociones libres que no se hayan vendido podrán ser recalificadas como viviendas de protección oficial hasta el 31 de diciembre.
Además, se recoge un incremento del 20 por ciento en las ayudas a las viviendas destinadas a arrendamiento, el mismo aumento que las subvenciones dedicadas a las áreas de rehabilitación urbana prioritarias, y se elimina la obligatoriedad de esperar un año para vender viviendas nuevas como usadas.
Por lo que se refiere a las medidas destinadas a los demandantes, el decreto establece la posibilidad de que las viviendas de régimen autonómico puedan ser calificadas como de alquiler con derecho a venta.
En este caso, el promotor deberá descontar el 50 por ciento de las rentas pagadas por el inquilino, al que el Gobierno regional ofrecerá una ayuda durante los cinco años del 40 por ciento de alquiler, hasta un tope de 3.200 euros anuales.
Según ha explicado Mazón, esta posibilidad se ofrece no sólo a las promociones completas, sino a viviendas individuales.
También se podrán arrendar con derecho a compra las viviendas no vendidas incluidas en el Plan Estatal, que en el periodo 2009-2011 establece un presupuesto de 228 millones de euros, de los que 153 serán aportados por el Estado y el resto por las comunidades autónomas.
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