Madrid.- La diputada socialista Josefa Pardo ha denunciado hoy en el pleno de la Asamblea diversas "anomalías" en la empresa que gestiona los 'brazaletes antimaltrato', entre ellas que algunos trabajadores que atienden a los maltratadores "coleguean con ellos", les dedican "frases de comprensión" y les "facilitan domicilios de víctimas".
La diputada socialista Josefa Pardo ha denunciado hoy en el pleno de la Asamblea diversas "anomalías" en la empresa que gestiona los 'brazaletes antimaltrato', entre ellas que algunos trabajadores que atienden a los maltratadores "coleguean con ellos", les dedican "frases de comprensión" y les "facilitan domicilios de víctimas". EFE/Archivo
Según la parlamentaria esta empresa "no informa a la policía ni al juez cuando el maltratador pasa el círculo de contención que tiene prohibido, ni cuando el dispositivo se queda sin pilas, ni cuando el maltratador lo tiene descolocado".
Además, ha asegurado, "las personas que atienden a los maltratadores, porque hablan personalizadamente con ellos y eso se graba, coleguean con los maltratadores diciéndoles en muchos casos frases de comprensión, además de facilitarles domicilio de víctimas".
Josefa Pardo, portavoz de Mujer del grupo socialista, ha pedido explicaciones sobre este asunto al consejero de Presidencia Justicia e Interior, Francisco Granados, al que ha reprochado que su departamento pague 449.099,85 euros a la empresa concesionaria de este servicio y luego "se lave las manos".
"Se están pervirtiendo las medidas que dictaminó el juez", ha protestado la diputada, tras apuntar que, no obstante, no le extraña "viniendo" de Granados.
El consejero le ha replicado que, el mismo día que la Fiscalía de Madrid denunció a varios trabajadores de esta empresa por permitir a cuatro personas entrar en una zona a la que no podían acceder y no comunicarlo a la autoridad judicial, su Consejería abrió una investigación que aún no ha concluido.
"La investigación en marcha no está concluida, pero hemos actuado con la máxima rapidez. El expediente está abierto y también la denuncia de la Fiscalía, que supongo que acabará en un juzgado", ha explicado.
Granados ha acusado a la diputada socialista de "elevar a categoría general hechos puntuales" y de "condenar a los trabajadores "sin reconocerles ningún "derecho".
También ha defendido que es mejor tener un servicio como éste externalizado que no tenerlo, como Andalucía y Castilla-La Mancha, y que lo que debería hacer el Gobierno de España es "poner brazalete en todas las comunidades autónomas asumiendo sus competencias".
"En Madrid existe este servicio porque lo ha puesto el Gobierno de Esperanza Aguirre", ha insistido, tras enumerar otros servicios y políticas de apoyo a las víctimas de la violencia machista que desarrolla la Comunidad de Madrid.
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