Madrid.- Seis personas de Castilla y León se encuentran supuestamente implicadas en un caso de pornografía infantil que ha conllevado a la detención de un total de 74 personas en España, en una extensa operación del Cuerpo Nacional de Policía.
Un total de 74 personas han sido detenidas en una operación contra la pornografía infantil desarrollada en más de 30 provincias, con 130 registros realizados y millones de archivos intervenidos, y en la que hay 61 personas imputadas.
En la intervención, han sido intervenidos millones de archivos y hay 61 personas imputadas en España, han informado fuentes policiales.
En concreto, en Castilla y León ha dos personas imputadas de Burgos, donde se han practicado dos registros y dos detenidos en Salamanca, provincia en la que se han llevado a cabo tres registros.
Además, hay una persona imputada en Valladolid y una detenida en Zamora, provincias en las que se han llevado a cabo sendos registros.
La Brigada Tecnológica ha movilizado a casi 600 agentes en el dispositivo que se ha desarrollado en más de 30 provincias, en una investigación en la que han colaborado varios países y, sólo en España, se han analizado más de 2.500 conexiones y se ha identificado a 180 usuarios que compartían y poseían material pornográfico en el que intervienen niños y adolescentes.
El material pedófilo distribuido en Internet por los usuarios investigados contenía archivos de vídeo de extrema dureza, tales como agresiones sexuales a menores de muy corta edad, según ha informado la Policía Nacional.
En los 130 registros realizados se ha intervenido gran cantidad de material informático que contiene millones de archivos de pornografía infantil y que será minuciosamente analizado con el fin de determinar cualquier dato que sea de interés para identificar a los agresores, a los niños víctimas de los abusos o si alguno de los implicados fuera además autor de agresiones a los menores.
Según la misma fuente, entre los detenidos en el marco de esta operación se encuentra uno de los productores del material pornográfico infantil.
Esta persona poseía en una cámara fotográfica un reportaje de su sobrina menor de edad -de unos trece años- y otro menor, hijo de una vecina del detenido, de aproximadamente dos años.
Al igual que en otras operaciones contra la pornografía infantil en Internet, hay un amplio abanico de profesiones entre los arrestados: ingenieros, informáticos, desempleados, funcionarios, vigilantes de seguridad, un profesor de la ESO, un menor de edad, empleados de banca o estudiantes.
Aunque en los 130 registros realizados en la operación se identificó inicialmente a 180 usuarios, la diferencia se explica porque algunas de estas personas han sido ya detenidas en operaciones posteriores a los hechos investigados por diferentes cuerpos policiales.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid y ha requerido, además, la participación de otros 75 juzgados y 105 secretarios judiciales para efectuar los 130 registros realizados en más de una treintena de provincias.
La operación, en la que han participado las Brigadas de Policía Judicial de las diferentes provincias implicadas, ha sido dirigida por la Brigada de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial.
El proceso de análisis, según la Policía, siempre se realiza contrastando el material intervenido con las bases de datos de Interpol, con el fin de utilizar toda la información que existe a nivel internacional para la identificación de los autores y de las víctimas.
El total de los efectos intervenidos en los 130 registros asciende a 323 discos duros, 20 CPU, 31 ordenadores portátiles, 54 dispositivos de almacenamiento, 7 cintas VHS, 3 cámaras fotográficas, 1 teléfono móvil, 1.587 CD y DVD, y diversa documentación y fotografías de carácter pedófilo.
A pesar de las numerosas operaciones policiales realizadas en todo el mundo, las redes P2P siguen siendo utilizadas habitualmente por los pedófilos para distribuir archivos de pornografía infantil.
La tenencia y distribución de estos materiales está tipificada como delito en España y está castigada con penas que oscilan de 1 a 4 años de prisión.
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