Madrid.- El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, señaló hoy que "es difícil de entender" que "alguien piense" que el modo en que se prejubilará el consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, "está bien" y después critique la mejora de las prestaciones sociales.
Goirigolzarri, consejero delegado del BBVA, de 55 años, dejará el cargo por jubilación anticipada con una pensión anual que rondará los 3 millones de euros brutos anuales.
Para el pago de esta cantidad, que será vitalicia, el banco tiene provisionados 52,49 millones de euros, que garantizan esa pensión anual.
A partir de ahora cobrará "menos" que su sueldo en el banco, donde en 2008 percibió 4,6 millones de euros entre cantidades fijas y variables.
Granado argumentó que si una persona puede cobrar lo que cobra el consejero delegado del BBVA "es perfectamente entendible" que esa cantidad de dinero se reparta entre centenares de miles de personas en forma de prestaciones sociales.
Agregó que para una persona que pertenece "a la izquierda democrática", como es su caso, lo que resulta difícil de entender es que "alguien piense que eso está bien y que luego piense que, cuando el Estado dedica a mejorar las prestaciones sociales una cantidad similar, lo considere despilfarro o manías del presidente del Gobierno a la hora de gastarse el dinero".
El secretario de Estado consideró necesario una "cultura democrática" para pensar que "todo lo que pagamos o cobramos es para algo", en referencia a la subida de impuestos.
Granado pidió "respeto" para la protección social, "al menos", y dijo que sería deseable que el G-20 decidiera algo en relación con con las retribuciones del sistema financiero y se llegara a "códigos de regulación", interna o externa que mantuvieran cierto grado de cohesión social.
En una reciente carta enviada por el Banco de España a las entidades de crédito, el organismo manifiesta su esperanza en que implanten antes de finales de año las recomendaciones internacionales sobre transparencia en la política de remuneración de los consejeros y que ésta sea "coherente" con sus estrategias y el riesgo de sus operaciones.
El supervisor anima a las entidades a que evalúen sus prácticas de remuneración y apliquen las recomendaciones internacionales un año antes de que la Unión Europea (UE) las exija a todos los países miembros.
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