Las aportaciones de empresarios permitían un "colchón de dinero" sin control

Málaga.-  Las aportaciones económicas de diferentes empresarios permitían a algunos de los imputados en el Caso Astapa, que investiga la presunta trama de corrupción municipal y urbanística en el Ayuntamiento de Estepona, un "colchón de dinero" que no era controlado por nadie.

Dichas aportaciones eran destinadas a diferentes usos y no quedaba reflejado en ningún sitio, según uno de los informes policiales que constan en la parte del sumario cuyo levantamiento ha sido acordado por el juez instructor de Astapa.

Entre las presuntas irregularidades que supuestamente se podrían haber cometido se expone que los Convenios urbanísticos realizados en el Ayuntamiento de Estepona podrían haber sido, en su mayoría, valorados a precio inferior al de mercado.

De esta forma los responsables del Consistorio tendrían una reserva de dinero con el que podían efectuar distintos pagos de las concejalías, financiación de los distintos partidos políticos gobernantes, facturaciones a distintas empresas directamente relacionadas con personal vinculado al Ayuntamiento y manejo de grandes cantidades de efectivo.

Además presuntamente había una financiación de los gastos de las distintas delegaciones del Consistorio con dinero procedente de empresarios.

Estos pagos se efectuaban claramente como contraprestación económica por la firma de Convenios urbanísticos, concesión de determinadas licencias, tratos de favor y adjudicaciones a dedo, siempre según la versión de los investigadores.

Otras irregularidades detectadas por los investigadores son las de los pagos a los trabajadores del Consistorio, que en determinadas ocasiones se abonaban con dinero procedente de Convenios urbanísticos y con dinero destinado a otros asuntos.

El informe recuerda que la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) prohíbe expresamente hacer frente a los gastos corrientes, como nóminas o facturas, con ingresos procedentes de los proyectos urbanísticos.

La instrucción del sumario se inició en junio de 2008 cuando fueron detenidas 25 personas, entre ellas el entonces alcalde del PSOE Antonio Barrientos, y hasta el momento se ha saldado con 63 imputados, todos ellos en libertad, 23 de ellos tras el pago de diversas fianzas.