Piden que los concursos públicos primen a las empresas que incrementen sus plantillas

Zaragoza.-  El Pleno de las Cortes ha aprobado hoy instar al Gobierno a que incluya una cláusula social en las licitaciones y contrataciones que realice el Ejecutivo o sus empresas públicas para puntuar favorablemente a las que hayan incrementado la cantidad y cualificación de la plantilla adscrita al proyecto al que se opta.

Este es el tercer punto de una proposición no de ley defendida hoy en el Pleno de las Cortes por IU cuyo portavoz, Adolfo Barrena, no logró el apoyo de la Cámara para sacar adelante los dos primeros puntos, rechazados por PSOE, PP y PAR y apoyados por CHA.

En el primero se pedía la creación, en el plazo máximo de un mes, de una comisión de seguimiento y evaluación de los fondos públicos aportados a las medidas contra la crisis con participación de todos los grupos parlamentarios.

En el segundo punto se exigía "de forma inmediata" el cumplimiento del fin social de las Cajas de Ahorro, incentivando los programas de creación de empleo, apoyo a las pymes y al desarrollo regional, concretando objetivos y cuantificando los programas de crédito.

Barrena pretendía reforzar el papel del sector financiero, puesto que el apoyo público a los bancos y demás instituciones financieras "debe de ir acompañados de compromiso y responsabilidad social", pero lo que se produce es, a su juicio, dificultades para la concesión de créditos.

A juicio de Barrena, es necesario reforzar los mecanismos de control y seguimiento del importante esfuerzo económico que se hace con los recursos públicos.

Pero la aragonesista Ana de Salas ha defendido que el control de las cuentas públicas y de los fondos extraordinarios se ejerce de forma suficiente y regulada por la Cámara autonómica y ha asegurado que las líneas de crédito habilitadas en diferentes programas ya funcionan bien.

PSOE y PAR apoyaron finalmente el tercer punto porque Barrena aceptó modificar los términos de su propuesta, en la que originariamente pedía que las cláusulas de las adjudicaciones públicas penalizaran a las empresas que hubieran reducido el número de sus trabajadores en los últimos seis meses.