El Consejo de Seguridad condena la intimidación a la embajada de Brasil en Honduras

Naciones Unidas.-  El Consejo de Seguridad de la ONU condenó hoy los "actos de intimidación" realizados por las autoridades de facto de Honduras contra la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se refugia el depuesto presidente, Manuel Zelaya.

"Condenamos los actos de intimidación contra la embajada de Brasil", dijo la presidenta de turno del Consejo y embajadora de EE.UU., Susan Rice, en una declaración verbal al término de la reunión, en la que también subrayó que el foro que analiza la situación global de Honduras es la OEA.

Los quince países que integran el máximo órgano de decisiones de la ONU determinaron por consenso esa condena, en respuesta a la petición efectuada el 22 de septiembre por Brasil para que el Consejo examinase la situación en que se encuentra su legación diplomática desde el pasado lunes, cuando Zelaya se refugió en ella.

"Lo que teníamos que analizar aquí era el asunto de la situación de la embajada de Brasil en Tegucigalpa y no la situación (de Honduras) en un sentido más amplio", precisó Rice durante su declaración posterior a la reunión del Consejo.

Puntualizó que esa crisis "ya está siendo tratada por la Organización de Estados Americanos (OEA)", además de subrayar que el Consejo "pide calma a las partes y que eviten que la situación vaya a más" y señalar que este órgano no tiene prevista ninguna nueva reunión al respecto.

El canciller de Brasil, Celso Amorim, había explicado antes al Consejo la crítica situación humanitaria de su embajada en Tegucigalpa, a la que se le han cortado los suministros de agua, luz, alimentos y comunicaciones, además de estar rodeada por las fuerzas de seguridad de las autoridades de facto hondureñas.

"Es imperativo que el régimen de Honduras cumpla con la Convención de Viena sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas", dijo Amorim, que acusó al Gobierno de facto de Roberto Micheletti de haber cometido "una clara violación de la reglas de esa convención sobre las relaciones diplomáticas".

El ministro brasileño pidió también al Consejo una declaración clara que sirviera "de disuasión contra un posible agravamiento de la crisis", en referencia a sus sospechas de que las autoridades de facto hondureñas podrían preparar el asalto a esas instalaciones diplomáticas.

Amorim indicó que ello también "podría ser una señal de apoyo a los esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional para una restitución pacífica y rápida al poder del presidente Zelaya", quien el pasado lunes regresó de manera sorpresiva a Honduras casi tres meses después de su derrocamiento.

No obstante, en la carta enviada al Consejo para pedir la convocatoria de la reunión de hoy, el Gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva considera que "la OEA sigue siendo el foro apropiado para encontrar una solución política a la situación de Honduras".

"La Policía (hondureña) ha informado al personal de la embajada que quien abandone sus premisas, no podrá volver a ellas", dijo el ministro de Relaciones Exteriores.

"Hemos expresado nuestra profunda preocupación por la situación de la embajada de Brasil en Tegucigalpa. Pedimos al Gobierno de facto que respeten y proporcionen agua, alimentos y comunicaciones a quienes están en la embajada", dijo a la prensa el embajador de Costa Rica, Jorge Urbina, que se sienta en el Consejo como miembro no permanente.

Subrayó también que el Consejo "no quiere que la situación en Honduras se complique" y tampoco que el incidente de la embajada brasileña "se convierta en una amenaza para la paz y la seguridad regional".

Preguntado por la posibilidad de que el presidente costarricense, Óscar Arias, se traslade a Honduras para proseguir con su acción mediadora, el diplomático respondió que "lo hará si se dan las condiciones apropiadas" para el viaje.

Por su parte, el embajador de México, Claude Heller, también miembro no permanente del Consejo, señaló que se habían evaluado "las distintas acciones de intimidación a la embajada (de Brasil), las amenazas a su personal y a la integridad física del presidente Zelaya y de sus seguidores".

"Consideramos que es una amenaza muy seria de violación al derecho internacional, y por ello el Consejo sí es la instancia para tratar estas situaciones específicas, pero sobre el fondo todo el Consejo expresó su apoyo a las gestiones de paz que se han emprendido a nivel regional", precisó Heller.