Madrid.- La acusación popular ha recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) la decisión de la Audiencia Nacional de archivar la causa que instruía el juez Fernando Andreu, en la que investigaba un ataque de Israel a la franja de Gaza el 22 de julio de 2002, en el que murieron un líder de Hamás y catorce civiles.
El Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y la Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe, según han informado en un comunicado, han pedido al Alto Tribunal que deje sin efecto el auto que acordó sobreseer la causa contra siete altos cargos israelíes por este bombardeo.
El pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que archivó definitivamente esta causa el pasado mes de julio, concluyó que el Estado israelí ha realizado "una verdadera y real actuación", tanto administrativa como judicial, para investigar estos hechos.
Según el pleno, con la "amplia y exhaustiva" documentación remitida por las autoridades israelíes "no puede sostenerse que ninguna investigación criminal eficaz se ha producido" en ese país, donde "en la actualidad" -recalca el auto- una comisión de investigación especial nombrada por el Gobierno está realizando "su cometido".
Andreu, que había imputado al ex ministro de Defensa de Israel Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares de ese país un delito contra la humanidad, se declaró competente para investigar los hechos al entender que la Justicia israelí no los había investigado porque el Tribunal Supremo israelí se limitó a dar por buena la decisión de la Fiscalía Militar de no abrir una investigación criminal.
El Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y la Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe explican en su recurso que "no existe un sistema independiente judicial en Israel y que la jurisdicción universal actual es aplicable en el caso de Gaza si no se quiere premiar la impunidad".
Además, alegan que el fiscal no podía recurrir el auto de admisión inicial del juzgado central número 4 de la Audiencia Nacional, de la que es titular Andreu, "dado el reconocimiento implícito de que los hechos encausados eran graves, calificados de crimen contra la humanidad y que se admitía la responsabilidad del bombardeo de los acusados".
También argumentan que la "opinión de la mayoría de la Audiencia Nacional avala mecanismos de represión israelí y acepta investigaciones militares israelíes sobre sus mismas acciones y acusados, que no se compadecen con la independencia de una investigación penal".
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