Madrid.- El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha afirmado hoy en el programa de TVE "59 segundos" que "no hay una reacción legal posible" ante las situaciones de transfuguismo en las instituciones porque "esa reacción sería, probablemente, inconstitucional".
Según Caamaño, el PSOE, en el caso de transfuguismo de Benidorm, ha cumplido "una vez más" con el Pacto Antitransfuguismo, ya que "ha expulsado a quienes en contra de ese pacto han actuado".
El ministro ha explicado que el escaño o acta de concejal pertenece a la persona elegida por los ciudadanos; que la Constitución recoge este precepto como derecho fundamental, lo que implica, ha agregado, "que es difícilmente compatible a veces con el comportamiento de algunas personas, pero sobre todo con la lógica de partidos".
Sin embargo, el titular de Justicia se ha mostrado convencido de que "se puede avanzar" en la lucha contra el transfuguismo con la ley en la mano, aunque refirió que "no es cuestión de establecer un delito penal en una cuestión de esta naturaleza, porque iría en contra directamente de la Constitución"
Asimismo, el ministro ha considerado que el Partido Popular, que denuncia un trato diferente de la Fiscalía ante asuntos judiciales que afectan a este partido en comparación con los que afectan al PSOE, está "en una suerte de campaña, alentando la sospecha en torno al funcionamiento de nuestra Administración de Justicia".
A juicio de Caamaño, estas denuncias del PP "cuestionan el trabajo que día a día hacen jueces, hacen fiscales, hace la policía", de quienes defendió su profesionalidad, y se mostró preocupado porque se genere "cierto descrédito" del poder judicial.
En relación a la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, en cuya tramitación participó, el titular de Justicia ha destacado que acatará, "como no puede ser de otro modo", lo que diga el Tribunal Constitucional y ha recordado que el texto fue "aprobado en las Cortes generales por quienes representan a los ciudadanos del pueblo español".
Caamaño ha agregado que fue aprobado en las Cortes por mayoría absoluta, tanto en el Congreso como en el Senado, y quienes votaron dicho texto "lo han considerado constitucional".
Aunque, ha destacado que "finalmente, quien tiene la última palabra, en nuestro estado democrático, en materia de apreciación o no de la constitucionalidad de la ley, es el Tribunal Constitucional. A él le corresponde decirlo y a los demás, como no puede ser de otro modo, acatarlo", ha concluido.
Asimismo, el ministro de Justicia ha alabado la determinación del Gobierno para acometer el plan de modernización de la Justicia, a pesar de la crisis económica.
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