Países europeos quieren que el G-20 acuerde reglas vinculantes para las primas bancarias

Bruselas.-  Los socios europeos del G20 están decididos a lograr en la cumbre de Pittsburg (EEUU) un compromiso global para imponer reglas obligatorias sobre las primas a los ejecutivos bancarios, respaldadas por sanciones a nivel nacional para las entidades que no las cumplan.

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(EFE)

A la cita de Pittsburg acudirán Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y la UE como bloque -todos socios del G20-, así como España y Holanda. EFE/Archivo

A la cita de Pittsburg, el 24 y 25 próximos, en la que se seguirá avanzando en la definición de una respuesta coordinada a la crisis y en la reforma del sistema financiero, acudirán Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y la UE como bloque -todos socios del G20-, así como España y Holanda, y todos ellos con una lista común de prioridades.

Además de la limitación de los sueldos en la banca, Europa defenderá seguir aplicando los planes de reactivación hasta que se confirme la recuperación económica, así como la adopción de medidas concretas para financiar la lucha contra el cambio climático.

Respecto al delicado tema de los bonus, los europeos conocen las reticencias que su planteamiento genera al otro lado del Atlántico, pero están convencidos de que sólo con una regulación estricta se evitará que los bancos retomen la costumbre de premiar con cifras millonarias a sus directivos.

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, promotor de esta iniciativa, ha logrado obtener el apoyo del resto de mandatarios comunitarios, incluido el primer ministro británico, Gordon Brown, quien dice compartir el "enfado" de los ciudadanos por este tema, sobre todo después de que numerosas entidades hayan tenido que recurrir al dinero público para evitar la quiebra.

El objetivo de los líderes europeos es establecer una vinculación clara entre las retribuciones y los resultados a largo plazo de las entidades.

Para ello, plantean entre otras limitaciones, que las primas sólo puedan suponer un porcentaje de la remuneración fija o de los beneficios del banco, impedir la ejecución de las opciones sobre acciones, o la venta de las acciones, hasta pasado un plazo desde su percepción, y bloquear el cobro de los incentivos si el banco obtiene resultados negativos.

Según el primer ministro sueco y presidente de turno de la UE, Fredridk Reinfeldt, "ha llegado el momento de decir basta" a la cultura de las primas millonarias.

También en el ámbito financiero, Europa insistirá en Pittsburg en la importancia de desarrollar un sistema de supervisión global, en promover el refuerzo de las instituciones multilaterales y revisar su sistema de gobernanza y continuar el combate contra los llamados "paraísos fiscales".

El otro área en el que los europeos buscarán un acuerdo en el G20 tiene que ver con la situación económica y la necesidad de mantener las medidas de estímulo coyuntural -por un importe superior al 5% del PIB en el caso de la UE- hasta que esté garantizada la recuperación.

En su opinión, no es todavía momento de retirar los impulsos, aunque, para evitar que los déficit y deuda públicos se disparen, es necesario empezar a diseñar ya una estrategia coordinada para ponerles fin.

Los mandatarios europeos están de acuerdo en que hay que retomar lo antes posible el saneamiento de las finanzas públicas, pero reconocen que la situación de la economía es todavía muy incierta y los riesgos persisten.

El cambio climático es la tercera prioridad de las delegaciones europeas, que pretenden que Pittsburg dé un impulso claro a los trabajos preparatorios de la cumbre de la ONU en Copenhague, con la cuestión central de la financiación a los países en desarrollo.

Tras los últimos compromisos asumidos por Europa y Japón, la UE está a la espera de que la Administración estadounidense concrete el esfuerzo que está dispuesta a hacer para contribuir a la reducción de emisiones y a costear la lucha contra el calentamiento de las economías menos favorecidas.

La UE calcula que hacen falta entre 5.000 y 7.000 millones de euros anuales de financiación pública internacional entre 2010 y 2012 para ayudar a los países en desarrollo a acometer recortes de sus emisiones y adaptarse a los efectos del cambio climático.