Santa Cruz de Tenerife.- Ángel Isidro Guimerá, concejal de Ciudadanos por Santa Cruz y letrado que interpuso el recurso contra la privatización de la empresa municipal de aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa), aseguró hoy que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias supone la anulación total del proceso y restó posibilidades a cualquier recurso que pueda presentar el Ayuntamiento.
Ángel Isidro Guimerá, concejal de Ciudadanos por Santa Cruz y letrado que interpuso el recurso contra la privatización de la empresa municipal de aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa). EFE/Archivo
En rueda de prensa, Guimerá y Guillermo Guigou, concejal del mismo partido, lamentaron los perjuicios que pueda suponer para el Ayuntamiento esta sentencia, ya que el consistorio recaudó 60 millones de euros por la venta de Emmasa, pero reiteraron que nunca aprobarán la privatización de una empresa que prestaba un servicio público como el agua y que además estaba bien gestionada y era rentable para las arcas municipales.
"La sentencia pone las cosas en su sitio", declaró Guimerá, y subrayó que la anulación parte porque el expediente no fue sacado a información pública y se hurtó a los ciudadanos su derecho a participar en la privatización de un servicio público esencial.
Según Guimerá, el expediente de privatización no es subsanable, sino que está anulado el acuerdo del pleno municipal que con los votos de CC y PP permitió la venta de Emmasa, así como el concurso posterior en el que se adjudicó la empresa pública a Sacyr Vallehermoso.
El concejal de Ciudadanos dijo que el Ayuntamiento ahora sólo puede presentar un recurso extraordinario para situaciones "gravemente dañosas" que se resolvería en el plazo de cinco o seis meses, pero consideró que no tiene posibilidades de salir adelante.
En opinión de los concejales de Ciudadanos, ahora el equipo de gobierno deberá iniciar el expediente de privatización desde el principio si es que aún quiere vender la empresa, aunque advirtió su grupo siempre votará en contra.
La eventual indemnización a Sacyr Vallehermoso podría suponer 60 millones de euros, descontados los tres años transcurridos desde la concesión, que fue por 25 años.
Guillermo Guigou enmarcó esta sentencia contra el Ayuntamiento en la mala gestión que realiza el equipo municipal y que ya se plasmó en la anulación por los tribunales de la compraventa de Las Teresitas.
No obstante, señaló que su partido, aunque se mantiene en la oposición, aportará estabilidad al gobierno municipal y utilizará sus votos para conseguir que haya un cambio en la gestión y que esta sea transparente.
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