Comienza el juicio contra Villepin con Sarkozy como acusación particular

París.-  La rivalidad política entre Nicolas Sarkozy y el ex primer ministro Dominique de Villepin, centra el inicio hoy del juicio por las falsas listas de Clearstream con las que se quiso acusar de corrupción a cientos de miembros de la clase dirigente francesa, empezando por el actual presidente.

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(EFE)

El ex primer ministro de Francia Dominique de Villepin. EFE/Archivo

Villepin, que durante años formó parte junto a Sarkozy de los gobiernos conservadores del ex jefe del Estado Jacques Chirac, se va a sentar durante cuatro semanas en el banquillo de los acusados en un proceso en el que el actual presidente aparece como víctima y se ha constituido en acusación particular.

El ex primer ministro de Chirac, que se juega su destino político y no ha cesado en los últimos meses de criticar la acción de Sarkozy al frente del Estado, quiere que los jueces del Tribunal Correccional de París al abrir la vista rechacen la acusación particular del presidente de la República en nombre de la independencia de la justicia y del riesgo de presiones.

Unas presiones que, a su juicio, son mucho más que virtuales a la vista del "ensañamiento" y la "rabia" que Sarkozy ha manifestado públicamente hacia él desde que se conoció la oscura manipulación de unas listas -que pronto se revelaron falsas- de supuestos titulares de cuentas de la sociedad luxemburguesa de pagos Clearstream.

Los hechos se remontan a la venta por Francia a Taiwán de unas fragatas en 1991 que han sido objeto de investigación por la justicia francesa por la sospecha de que personalidades políticas e industriales recibieron comisiones irregulares.

En 2003, el informático y financiero Imad Lahoud, gran fabulador que dice haber tenido contactos con Osama Bin Laden, contacta con el vicepresidente del grupo de defensa y aeronáutica EADS, Jean-Louis Gergorin, para darle cuenta de la existencia de unos listados de titulares de cuentas Clearstream de alta sensibilidad.

Los nombres de varios cientos de personas, entre los que hay altas personalidades del Estado, dirigentes de grandes empresas o de medios de comunicación, pero también del espectáculo, como la modelo y actriz Laetitia Casta, también estaban en manos de un joven consultor, Florian Bourges, que los había comunicado al periodista Denis Robert, y quienes ahora -al igual que Gergorin y Villepin- están inculpados.

Gergorin dio cuenta de esos explosivos listados a su amigo Villepin, entonces ministro de Exteriores, y al general de los servicios secretos Philippe Rondot, cuyos cuadernos de notas requisados son algunos de los elementos del sumario más preciados.

Villepin encargó a comienzos de 2004 una investigación a Rondot, que pronto llegó a la conclusión de que todo era una falsificación, y no informó a Sarkozy -entonces ministro de Finanzas- de que figuraba el nombre de su padre, Stephane Bocsa y Paul de Nagy.

Los listados llegan en abril de ese año por correo anónimo al juez encargado de la instrucción de las posibles comisiones por las fragatas a Taiwán, Renaud Van Ruymbeke, aunque luego se sabrá que el autor del envío fue Gergorin -que lo ha confesado-.

De acuerdo con las notas de Rondot, Villepin tenía una fijación por la presencia de Sarkozy en las listas -cuya existencia se filtra a la prensa ese mismo verano- y según el relato de Gergorin había incitado a éste a que las pusiera en conocimiento del juez Van Ruymbeke.

Las tensiones en el seno del Gobierno llegan entonces a un punto álgido, mientras un Villepin que en unos meses va a ser promocionado por Chirac como primer ministro -estará en el cargo hasta mayo de 2007- insiste en que no había informado a Sarkozy ni a otros ministros clave por razones de confidencialidad.

Sarkozy, que iba avanzando en sus ambiciones en primer lugar poniéndose al frente del partido conservador renovado, la UMP, y en segundo lugar controlando los servicios secretos como titular de Interior, promete en privado que colgará "de un gancho de carnicero al cabrón que ha montado este escándalo" para impedirle ser candidato a la presidencia de la República.

El jefe del Estado no es el único que se ha constituido en acusación particular, ya que otras 38 personalidades cuyos nombres aparecían en los listados falsificados dicen querer que se restituya su honor y que se aclaren las intenciones de esta manipulación de altos vuelos.