Bogotá.- El presidente colombiano, Álvaro Uribe, allanó hoy el camino hacia la entrega unilateral de rehenes anunciada hace meses por las FARC, al expresar su disposición a facilitarla y reiterar la autorización a la senadora Piedad Córdoba para que participe en ella.
"Se facilita, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de la Iglesia católica, las liberaciones unilaterales ofrecidas por las FARC", dice un breve comunicado que leyó ante los periodistas el Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, en la Casa de Nariño (sede del Gobierno).
Uribe, Pearl, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, y el director de la Policía Nacional, Óscar Naranjo, se reunieron esta mañana en el aeropuerto militar de Bogotá con familiares de varios secuestrados por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según el comunicado leído por Pearl, durante esa reunión "los familiares pidieron al Presidente de la República facilitar las liberaciones ofrecidas por las FARC, sin condicionar a una liberación simultánea de todos los secuestrados".
Las FARC expresaron hace meses su disposición a liberar de forma unilateral al cabo del Ejército Pablo Emilio Moncayo, secuestrado hace casi 12 años, y al soldado Josué Daniel Calvo, así como a entregar el cadáver del policía Julián Guevara, quien murió cuando estaba cautivo.
La guerrilla exigió realizar esas entregas a la senadora opositora Córdoba, algo que Uribe autorizó el pasado 8 de julio.
Sin embargo, el mandatario puso como condición una liberación simultánea de todos los policías y militares que las FARC quieren canjear por rebeldes presos (la guerrilla habla de 23, pero el Gobierno de 24), así como la entrega de los restos de tres hombres que murieron en cautiverio.
Hoy, el Gobierno retiró esa condición y dijo, además, que "se reitera la autorización para que la senadora Piedad Córdoba participe en el acto de liberación" de Moncayo y Calvo, y en la entrega de los restos de Guevara.
El presidente "sabe que estoy a completa disposición para avanzar de la manera en que él lo indique", comentó Córdoba a los periodistas poco después de conocer el pronunciamiento gubernamental.
La legisladora adelantó que va a pedirle una cita al Alto Comisionado para la Paz "para saber cuál es la manera, la forma, para avanzar" en el proceso de liberaciones, ya que hasta ahora "no se ha hecho absolutamente nada".
Mientras, el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Rubén Salazar, sostuvo que ahora es el turno de las FARC y que "el país les va a reconocer el paso de dialogar y concertar".
El Gobierno también afirma en el comunicado que pedirá al CICR y a la Iglesia católica "que se obtenga una garantía por parte de las FARC para la liberación de la totalidad" de los policías y militares secuestrados, "y la entrega de los cadáveres de las personas asesinadas o muertas en cautiverio".
Todo esto debe hacerse "en un tiempo corto, para que no siga la tortura", exige el Ejecutivo de Uribe.
En las últimas semanas se han difundido pruebas de vida de 21 de los policías y militares secuestrados que las FARC tienen en su lista de "canjeables".
Las más recientes fueron decomisadas a un presunto guerrillero y en ellas diez uniformados, algunos rehenes desde hace más de una década, aparecen en unos vídeos con pesadas cadenas al cuello y visiblemente demacrados.
Esas imágenes llevaron al Gobierno a deplorar las "lamentables condiciones" en las que están los rehenes, mientras que la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos condenó el "trato inhumano y degradante" que los rebeldes dan a los secuestrados.
De su lado, la Fiscalía colombiana adelantó que investigará por los delitos de secuestro y tortura a todos los jefes de las FARC.
En el pronunciamiento emitido hoy, el Gobierno también solicita a la guerrilla "pruebas de supervivencia o información fidedigna sobre los secuestrados de quienes no se ha tenido noticia".
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