Estepona (Málaga).- La oposición en el Ayuntamiento de Estepona ha aprobado en pleno la supresión de las tasas de recogida de basura y del servicio de alcantarillado y la bajada de los sueldos de los ediles del equipo de gobierno, pero no de la oposición, que se mantendrán como hasta ahora.
La propuesta, presentada en asuntos urgentes por los cuatro ediles del PP, y respaldada por los tres del PES, dos de ellos imputados en Astapa, y los seis ediles no adscritos, cinco de ellos expulsados del PSOE y uno del PA -tras su imputación en la presunta trama de corrupción municipal-, se enmarca en lo que denominan como un Plan de ayuda a las familias, a las empresas, al empleo y de austeridad municipal.
El citado plan prevé la eliminación de las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas de recogida de basura, servicio de alcantarillado, y tasa de apertura de establecimientos, así como la congelación para el próximo año del resto de las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas y precios públicos.
El portavoz del PP y presidente local del partido, Ignacio Mena, ha manifestado que el plan es de "carácter temporal y durará mientras la situación de crisis persista y la economía mundial siga siendo tan precaria".
En el marco del plan de austeridad, se establece un nuevo sistema salarial por el que se reduce el sueldo a los concejales del equipo de gobierno y al alcalde y se congela el de los ediles de la oposición.
Según Mena, la oposición seguirá percibiendo 1.965 euros brutos mensuales por catorce pagas, mientras que los concejales con responsabilidades de gobierno percibirán un treinta por ciento más de los 1.965 euros y el alcalde un cuarenta por ciento.
También los funcionarios eventuales verán reducidos sus salarios, ya que no superarán en ningún caso el de los concejales sin delegación.
El concejal popular ha justificado el plan de austeridad en que el alcalde, David Valadez (PSOE) y su equipo de gobierno "está esquilmando las deterioradas economías domésticas con una agresiva política fiscal sin que se perciban las prestaciones compensatorias".
Además, lo ha acusado de no buscar ingresos alternativos "para así poder bajar los impuestos, y de no reducir los gastos", así como tampoco de presentar a la oposición el plan de saneamiento económico.
También se ha aprobado restringir todas las líneas de telefonía móvil del Ayuntamiento de forma que sólo se puedan hacer llamadas corporativas, a excepción de las destinadas a los servicios de seguridad.
Además, se ha acordado limitar el número de cargos de confianza a un máximo de una plaza por concejal con responsabilidad de gobierno y la eliminación del uso de vehículos oficiales a disposición de empleados y directivos de todas las empresas municipales, a excepción del usado por el alcalde.
Las medidas también recogen instar al consejero de Gobernación, Luis Pizarro, a que cumpla su compromiso de prestar ayuda económica al Ayuntamiento y la petición a la Junta de Andalucía de un préstamo de 38 millones de euros.
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