El Govern balear se persona en las diligencias de Palma Arena como parte perjudicada

Palma.-  El Govern balear ha aprobado hoy que la comunidad autónoma se persone en las diligencias previas del caso Palma Arena como parte perjudicada, según ha anunciado la portavoz del ejecutivo, Joana Barceló, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la comunidad.

En esta reunión, el ejecutivo también ha acordado pedir al Parlamento que el proyecto de la futura ley de comercio de Baleares se tramite por la vía de urgencia y el nombramiento de la nueva directora general de Planificación y Centros y de la nueva secretaria general de la Conselleria de Educación y Cultura.

La decisión de personarse como perjudicado directo en el Palma Arena ha sido tomada por el Consell después de que la abogacía de la comunidad "examinara todos los documentos", una vez levantado el secreto de sumario sobre la instrucción del caso, que investiga una presunta trama de corrupción en la construcción del velódromo durante la pasada legislatura del PP.

El Gobierno autonómico ha tenido en cuenta en esta decisión que la comunidad autónoma es la que ha de asumir el coste de construcción del pabellón hasta 2026, una obra en la que, ha recordado Barceló, ha tenido un sobrecoste de 46 millones de euros (hasta unos 110 millones).

"Si hay indicios claros de malversación (del dinero público invertido en el velódromo), la comunidad autónoma será perjudicada directa en el caso", ha argumentado Barceló, quien ha subrayado que personarse en la causa es un "acto obligado para defender los intereses y recursos de los ciudadanos".

Barceló, adelantándose a las críticas que puedan llegar desde el PP -algunos de cuyos ex altos cargos de la pasada legislatura figuran en el caso Palma Arena como imputados-, ha aclarado que "no hay ninguna intencionalidad ni voluntad de hacer ningún juicio" sobre un asunto "sobre el que no se puede politizar".

La portavoz del ejecutivo balear ha insistido en que la base de la decisión de intervenir se asienta en que el Govern "es el que fundamentalmente financió la obra", pero ha recalcado que "el Govern no juzga, juzgan los juzgados". Hasta ahora en la causa solo estaba personado el Consorcio Palma Arena.

La remodelación de Gobierno llevada a cabo esta semana por el presidente balear ha sido otro de los temas que ha centrado la reunión de hoy, pues en ella se ha aprobado el nombramiento de la barcelonesa Elvira Badia Corbella como nueva directora general de Planificación y Centros, en sustitución de Miquel Martorell.

Otro de los cambios aprobados hoy ha sido el nombramiento de Catalina Morell González (Sóller, 1954) como secretaria general de la Conselleria de Educación y Cultura, cargo que hasta ahora ocupaba José Antonio Fernández Ballesta.

Respecto de la futura ley de comercio, la urgencia del Govern responde, según Barceló, a la necesidad de cumplir el compromiso de tener la nueva normativa aprobada a final de año, con el objetivo de que el sector balear esté perfectamente adaptado a la directiva europea de servicios más conocida como Bolkestein.

El proyecto de ley de reforma de la Ley de Comercio, que implica la modificación de numerosos artículos de la normativa actual -autorizaciones de las grandes superficies comerciales, entre otras cosas-, fue aprobado por el Consell de Govern el pasado 31 de julio y entró en el Parlamento el pasado 5 de agosto.

Otro de los acuerdos alcanzados hoy por el Consell de Govern ha sido el de subvencionar con 62.000 euros a Cáritas y a Es Caputxins de Palma, dinero que deberán destinar a ayudas de emergencia social y reparto de alimentos entre las familias más afectadas por la crisis.

También se ha dado el visto bueno a una subvención de 80.000 euros para la Fundación Universidad Empresa para financiar estudios de posgrado de experto en gestión de empresas de economía social y de expertos en responsabilidad social empresarial.

En materia de educación, se ha dado vía libre a los máster de Gestión de Recursos Humanos y de Educación inclusiva y se ha establecido que la guardería Casa Cuna Maternal de Campos pase a ser considerado como centro de educación de primer ciclo de infantil.