Vendedora indígena exculpada de secuestrar a seis policías empezará "de cero"

México.-  Jacinta Francisco, la vendedora indígena mexicana liberada sin cargos tras tres años de cárcel acusada de secuestrar a seis policías, afirmó hoy que volverá a "empezar de cero" y dejó el tema de la posible indemnización en manos de sus abogados.

"Ahorita lo que pienso hacer pues es continuar mi vida, como lo que yo estaba haciendo antes, vender, voy a volver a empezar para salir adelante", explicó a Efe en entrevista.

El caso de Jacinta, indígena otomí del estado de Querétaro (centro), atrajo la atención de Amnistía Internacional (AI), que la declaró presa de conciencia, y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que le dio asistencia jurídica.

"Las cárceles mexicanas están llenas de pobres", denunció el responsable de AI México, Alberto Herrera, en una rueda de prensa, al hablar sobre las injusticias del sistema legal mexicano.

La mujer fue detenida en 2006 acusada de secuestrar a seis agentes federales que realizaron un operativo antipiratería en un mercadillo del pueblo de Santiago Mexquititlán, quienes tras causar destrozos diversos fueron retenidos por los vendedores hasta que pagaron.

"Solamente se basaron en la fotografía que tomó un fotógrafo de un diario local", criticó el director de Prodh, Luis Arriaga, sobre las pruebas empleadas por la fiscalía federal para señalar a Jacinta.

La vendedora, quien tenía un puesto de bebidas en la zona, afirmó no haber tenido relación con el incidente por el que los seis policías de la ya extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) la denunciaron a ella y otras dos mujeres por secuestro.

"Sabemos que es una farsa y una fabricación de delitos lo que hicieron estos agentes", denunció el abogado de Prodh Luis Díaz, al reseñar las irregularidades de la detención y el juicio.

La carencia de intérprete durante el proceso -Jacinta hablaba entonces principalmente el dialecto otomí, el ñañú- fue otra de las irregularidades, de acuerdo con Prodh.

"Cuando escuché lo de secuestro yo no sabía qué era, no sabía nada", narró Jacinta, flanqueada por sus familiares.

Al llegar a la cárcel, su vida fue nada más que "llorar y llorar", afirmó Jacinta.

"Al principio, una de mis compañeras (de celda) me trató mal, porque era indígena, porque era pobre, y eso nunca se me va a olvidar", dijo triste y con la voz rota.

La presión de los medios y de AI, así como la asistencia jurídica de Prodh, lograron que se reabriera el caso después de haber sido condenada a 21 años de cárcel y que la fiscalía mexicana anunciara su intención de presentar "conclusiones no acusatorias" contra Jacinta.

Prodh espera que se resuelva de forma igualmente satisfactoria la situación de otras dos mujeres indígenas detenidas en las mismas circunstancias que Jacinta y que siguen en prisión, Alberta Alcántara y Teresa González.

Sobre el caso habló también esta tarde en una rueda de prensa el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien admitió que "una percepción de la averiguación previa (investigación) inicial se fue desdibujando durante el proceso".

Según Gómez Mont hay que entender "que los procedimientos legales en materia penal admiten un margen de error, cuando se acusa a alguien", lo que ocurrió en este caso, cuando "durante la instrucción no se corroboraron los indicios en contra de doña Jacinta".

Finalmente, el titular de Interior de México celebró la "sensibilidad" en la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de no proceder contra la indígena, y que en México "pueda existir la capacidad de rectificar en algunos casos" en que no haya justicia.