Madrid intenta extender su Ley de Autoridad a docentes concertados y privados

Madrid.-  Los profesores de la enseñanza privada y concertada también quieren que les ampare la Ley de Autoridad del Profesor que prepara la Comunidad de Madrid, por lo que el Gobierno regional intentará salvar las dificultades legales que plantea dar a estos docentes la misma protección que a los que son funcionarios.

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(EFE)

Vista de la entrada al colegio público Loyola de Palacio, en el distrito de Villa de Vallecas, en el que ayer el padre de un alumno presuntamente insultó y amenazó de muerte al jefe de estudios y a la directora.

La consejera de Educación, Lucía Figar, ha explicado hoy que va a estudiar "todas las posibilidades legales", tras constatar la "clara unanimidad" de la demanda de los centros concertados y privados, donde estudia el 60% del alumnado madrileño.

Entretanto, el padre que ayer presuntamente agredió a la directora del colegio público Loyola de Palacio, en Vallecas (Madrid), y amenazó de muerte al jefe de estudios, ha quedado esta tarde en libertad provisional y el juez le ha prohibido, como medida cautelar, acercarse a menos de 500 metros del centro educativo y de los domicilios de los dos docentes.

La Comunidad de Madrid ha adelantado que pedirá entre uno y tres años de cárcel para él, si el juez concluye que ha cometido un delito de "atentado contra funcionario público", además de lo que corresponda por un delito o falta de lesiones y dos faltas de amenazas.

El hombre, que pasó la noche detenido en dependencias policiales, ha recibido por su actuación la condena de gobiernos, instituciones, partidos políticos, sindicatos y asociaciones de padres de alumnos.

A la salida de los juzgados, la directora agredida, María José Fuente, ha pedido a los padres que "confíen en el trabajo" que desarrollan y les ha asegurado que la "educación de sus hijos es un objetivo común para todos".

También la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio ha transmitido su total rechazo a unos hechos que consideran "bastante graves" y su apoyo a la directiva y a todos los trabajadores del centro, aunque ha reclamado que se mantenga en el anonimato el nombre del padre.

Mientras que Figar ha opinado que la futura Ley de Autoridad del Profesor "debería extenderse a todo el ámbito nacional", la iniciativa continúa recibiendo adhesiones, como la del ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, que ha dicho que comparte "el fondo" y ha señalado que sería muy positivo lograr con el PP un pacto de Estado en materia educativa.

Entre los críticos, se ha destacado el secretario general de UGT de Madrid, José Ricardo Martínez, que se ha preguntado si recuperar la autoridad del docente significa "poner galones en el uniforme y gorra policial", o si cuando habla de disciplina se refiere a la "disciplina inglesa de los colegios de la señora (Margaret) Thatcher" o a la "vuelta al castigo corporal".

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha sostenido que la autoridad de los profesores "se gana" y que éste "no es asunto de materia legislativa".

Su homólogo en la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ha defendido que "cuanta más autoridad tenga el profesor, más calidad educativa podrá impartir" y que no se le pueden pedir responsabilidades a los profesores, si no se les facilitan herramientas para conseguir el objetivo de disminuir el fracaso escolar.