La Ley de Educación manchega reconocerá a los profesores como autoridad pública

Toledo.-  El borrador de la Ley de Educación de Castilla-La Mancha, que está previsto aprobar este curso, reconoce a los profesores como autoridad pública a efectos penales, incorporando así la circular remitida en 2008 por la Fiscalía General del Estado a las fiscalías de toda España.

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(EFE)

Una profesora se presenta ante sus alumnos en el inicio del curso escolar. EFE/Archivo

Así lo ha comentado hoy la portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, durante su comparecencia para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, a preguntas de los periodistas sobre el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de elevar a los profesores al rango de autoridad pública.

En la instrucción de la Fiscalía General del Estado remitida el año pasado se aconsejaba a los fiscales considerar como un delito de atentado contra la autoridad las agresiones graves contra los médicos y profesores que trabajan en centros dependientes de la Administración pública, pero no en los concertados ni privados

A este respecto, Rodríguez ha señalado que Castilla-La Mancha "lleva muchos años trabajando por dotar a los profesores de esa autoridad y ese reconocimiento, porque hacen un trabajo muy importante".

Ha recordado que en 2006 se firmó el Acuerdo por la Convivencia, uno de cuyos ejes fundamentales es el respeto y la valoración por parte de los alumnos y de la sociedad en general del trabajo de los profesores.

Además, ha señalado Rodríguez, la Fiscalía General del Estado ha venido considerando en varias ocasiones esa condición de autoridad a efectos penales y, en 2008, la propia Fiscalía envió a todas las fiscalías de las comunidades autónomas una circular señalando que ya se consideraba al profesorado una autoridad en éste ámbito.

La portavoz ha señalado que en el ámbito sanitario también se reconoce esa autoridad y en Castilla-La Mancha hay varias sentencias firmes en las que se reconoce ese carácter a los médicos.

Por todo ello, en el borrador de la Ley de Educación que se está elaborando su articulado ya recoge ese principio.

En concreto, en el artículo 12, punto 3, se habla de ese reconocimiento y de que se comunicará a la Fiscalía cualquier atentado contra la autoridad pública de los profesores en el ejercicio de sus funciones, y en el artículo 16 del mismo texto, que está en poder de los consejos escolares, también se habla del reconocimiento del profesorado como autoridad pública.