Asunción.- El juez paraguayo Agustín Lovera Cañete presentó hoy una acción de inconstitucionalidad contra el veto emitido por el presiente Fernando Lugo a su designación como nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia.
Cinco días después, Lugo rechazó esa designación y argumentó que el Ejecutivo no aceptará "la imposición de candidatos que claramente responden a intereses estrictamente políticos". EFE/Archivo
Lovera Cañete realizó la presentación ante la Sala Constitucional del Supremo alegando que el rechazo a su designación carece de fundamentación jurídica y que, "por tanto, es nula", informaron fuentes del Poder Judicial.
El magistrado exigió en su trámite la desestimación del veto presidencial y la suspensión de un eventual llamado a concurso para un nuevo nombramiento.
El aspirante al Supremo, que se desempeñaba como juez de apelación, se impuso en la votación reservada realizada el 20 de agosto pasado en el pleno del Senado entre una terna integrada, además, por Emiliano Rolón Fernández e Irma Alfonso.
Cinco días después, Lugo rechazó esa designación y argumentó que el Ejecutivo no aceptará "la imposición de candidatos que claramente responden a intereses estrictamente políticos".
El magistrado fue elegido con el apoyo de legisladores del Partido Colorado, que lidera el ex jefe de Estado, Nicanor Duarte (2003-2008) y que perdió una hegemonía de 61 años en los comicios generales del 20 de abril del año pasado.
Además, fue respaldado por la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace), dirigida por el ex general Lino Oviedo, y por algunos bloques del oficialista Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), principal agrupación dentro de la coalición que llevó a Lugo al poder.
El veto del Ejecutivo derivó en una controversia jurídica, ya que algunos analistas consideran que el Consejo de la Magistratura debería designar una nueva terna, mientras que otros opinan que tendría que definirse entre los otros dos candidatos.
La designación busca llenar la plaza dejada por Wildo Rienzi, quien se jubiló hace dos años al cumplir la edad máxima, de 75 años, para permanecer en la Corte Suprema de Justicia, integrada por nueve miembros.
El Senado había rechazado también el 20 de agosto la continuidad de César Garay y José Altamirano como miembros del Supremo, cuyos mandatos vencieron a principios de este año y estaban a la espera de confirmación.
Fuentes legislativas dijeron en su día que las decisiones del Senado suponían un revés para el Gobierno, que no tiene mayoría propia en el Congreso y que había promovido la elección de Rolón Fernández.
El Gobierno de Lugo también esperaba que Garay y Altamirano continuaran en sus cargos, por lo que deberá comenzar un nuevo proceso para cubrir la plaza de Rienzi y de los otros dos magistrados.
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