Santa Cruz de Tenerife.- La consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, Pilar Merino, dijo hoy que no ve razón alguna por lo que no se pueda aumentar el gravamen del Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM) a los vinos de importación, tal y como se hace con la cerveza.
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, Pilar Merino, durante su comparecencia en comisión parlamentaria de agricultura.
Esta propuesta, planteada por el sector vitivinícola, está incluida en la estrategia del vino de Canarias, según dijo la consejera en comisión parlamentaria en la que compareció a petición del grupo Socialista.
Merino señaló que este sector es fundamental y ha ido a más en los últimos años.
Concretó que en la actualidad los viñedos ocupan 10.393 hectáreas de terreno, de los cuales un 69 por ciento se dedica a la producción de vino de calidad, y apuntó que la aportación de este sector al Producto Interior Bruto de Canarias ronda los 70 millones de euros.
Se producen 25.683.185 kilos de uva para vinificación, de los que 19,3 millones se destinan a vino con denominación de origen
No obstante, la consejera reconoció que apenas un 15 por ciento de los 60 millones de litros de vino que se consumen en Canarias proceden de las diez denominaciones de origen creadas en las islas.
Como medidas para impulsar el sector y el consumo del vino canario, Merino citó medidas la estrategia del vino de Canarias, ya que, apuntó, a pesar del esfuerzo que en los últimos años han hecho el sector y las administraciones hay vino canario sin vender.
Pilar Merino indicó que se ha consensuado el contenido de esta estrategia con un sector que es, agregó, estrella, y que es básico para el Producto Interior Bruto y para el mantenimiento de la agricultura y el paisaje canario.
También aludió a las ayudas obtenidas con la ampliación del Posei y subrayó que los costes de producción de este sector son muy elevados y, aunque el vino canario es competitivo en calidad no lo es en precio.
La consejera también aludió a las diferencias de precio que se dan entre las islas y que pueden alcanzar hasta un 80 por ciento.
Merino insistió en que este sector supone 0,2 por ciento del PIB y 500 puestos de trabajo directos.
Respecto al control de la calidad, Merino indicó que la nueva ley estatal ha establecido un nuevo modelo de control y certificación que hasta ahora ejecutaban los consejos reguladores.
Explicó que la nueva normativa limita que sean los consejos reguladores, por lo que se estudia con éstos que sea una fundación la que realice esa función.
Rita Díaz, del grupo Socialista, dijo que se ha avanzado en algunos aspectos, como los seguros, pero no en otros, y citó que solo el 15 por ciento del vino que se produce en el Archipiélago procede de las islas.
Díaz señaló que datos como éste demuestran que algo falla porque a pesar del reconocimiento exterior de los vinos canarios con la obtención de numerosos premios ello no se traduce en el consumo interno ni en la exportación.
Al igual que los otros portavoces, Díaz se refirió a la situación de las cosechas en la isla de La Palma tras el incendio de este verano y temió la tardanza de las ayudas tal y como ha sucedido con los incendios de hace dos años en Gran Canaria y Tenerife.
En su opinión, al Gobierno de Canarias se le llena la boca hablando de sancocho con papas arrugadas pero nunca habla de vino, y se refirió a la reivindicación del sector de aumentar el gravamen del procedente del exterior.
Díaz estimó que el sector vitivinícola ha estado dejado de la mano de dios, pidió que se agilicen las respuestas al sector.
Ansier Antona, del grupo Popular, consideró que este subsector agrícola es el que más crecido aunque reconoció que es un sector con debilidades que tienen que afrontarse en la estrategia del vino 2009-2013.
Al igual que la diputada de CC Beatriz Acosta, Antona se refirió a la situación en la que quedó este sector tras el incendio de La Palma, pérdidas que la parlamentaria nacionalista consideró terribles.
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