El fiscal general de Ecuador pide iniciar las acciones contra Chevron ante la justicia de EE.UU.

Quito.-  El fiscal general de Ecuador, Washington Pesántez, solicitó hoy al procurador del Estado, Diego García, que emprenda acciones ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por las supuestas violaciones a la Ley Federal cometidas por la petrolera Chevron-Texaco.

La solicitud del fiscal se enmarca en el multimillonario proceso que la compañía estadounidense afronta en una corte de Ecuador, por el supuesto daño ambiental causado en la Amazonía ecuatoriana, durante el periodo en que operó en el país, entre 1972 y 1990.

Pesántez pidió al procurador García, que es el abogado del Estado, emprender las gestiones pertinentes ante el Departamento de Justicia de EE.UU. "ante la posible violación de la Ley Federal contra prácticas de acciones corruptas" que rige en ese país desde 1977.

El fiscal ecuatoriano, en un comunicado, recordó que la Ley Federal "castiga a cualquier ciudadano estadounidense o a cualquier corporación norteamericana que caiga en prácticas corruptas en el extranjero", causa en la que habría incurrido Chevron.

Pesántez se refirió a la denuncia que presentó la defensa de Chevron ante las autoridades judiciales ecuatorianas, en la que acusó al juez Juan Núñez, que llevaba el proceso ambiental en su contra, de haber incurrido en un delito de supuesto soborno.

En esa denuncia, Chevron presentó unos vídeos, obtenidos de forma subrepticia, en la que, según sus abogados, Núñez conversa con ciertas personas sobre el reparto de tres millones de dólares para que emita un fallo de condena contra la petrolera.

En ese vídeo clandestino, según Chevron, el soborno involucraba a personas afines al Gobierno ecuatoriano, pero también a un sujeto identificado como Diego Borja y el estadounidense Jaime Hansen.

En el escrito, Pesántez recuerda que Thomas F. Cullen, abogado del estudio jurídico que representa a Chevron, ha aceptado que fueron Diego Fernando Borja Sánchez, un contratista ecuatoriano que trabajó para esa petrolera, y Hansen quienes grabaron el vídeo.

Además, precisa que el vídeo muestra las supuestas reuniones mantenidas entre directivos de empresas contratistas de saneamiento ambiental y el juez Juan Núñez, en las que se habría producido el presunto intento de soborno.

No obstante, el fiscal ecuatoriano sostiene en el escrito que ello también pondría en evidencia que Chevron "estaría involucrada en actos penados por el ordenamiento legal de los Estados Unidos".

Asimismo, sostiene que en una información publicada por un periódico ecuatoriano, la petrolera estadounidense ha admitido que no ha dejado a la prensa entrevistar a Borja, a quien trasladó de Ecuador a EE.UU. antes de hacer públicas sus acusaciones y al que ha proporcionado "respaldo económico".

Con esos antecedentes, Pesántez consideró que corresponde a la Procuraduría General del Estado "emprender gestiones ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos e impulsar las acciones legales" para esclarecer la actuación de la petrolera.

Los demandantes ecuatorianos han solicitado el pago de 27.000 millones de dólares a Chevron-Texaco por los daños que, dicen, causó la muerte por cáncer a más de 1.400 personas y el desplazamiento forzoso de pueblos indígenas.

De su lado, Chevron, mediante un comunicado remitido a Efe y suscrito por uno de sus portavoces, James Craig, rechazó la posición del fiscal ecuatoriano y aseguró que su petición busca ocultar la intervención del Gobierno ecuatoriano en el proceso.

El comunicado de Pesántez, señala Craig, "es sólo el esfuerzo más reciente de la Fiscalía por tratar de desviar la atención de la opinión pública, de la intervención del Gobierno ecuatoriano" en el proceso y la "politización del sistema judicial" de Ecuador.

"Chevron no estuvo involucrada en lo absoluto en la grabación de los vídeos", añade el escrito de la petrolera.

"La realidad, es que tanto antes como ahora, Chevron vería con beneplácito la realización de cualquier investigación legítima sobre este asunto. Sin embargo, las autoridades ecuatorianas parecen estar más interesadas en fabricar un caso en contra de Chevron, que en realizar una investigación justa", concluye el escrito.