Lima.- La política antiterrorista del Gobierno peruano es la culpable del aumento de los ataques de Sendero Luminoso en el interior del país, opinaron hoy analistas en una reunión con la prensa extranjera en Lima.
Situada en el sureste peruano, el Vrae es una accidentada y boscosa zona entre los departamentos de Ayacucho, Cuzco, Junín y Huancavelica, donde el principal cultivo es la hoja de coca. EFE/Archivo
Casi 50 militares muertos y ninguna baja en los terroristas confirmada es el saldo de los últimos once meses de trabajo del Ejército en la zona del Valle de los ríos Apurímac y Ene (Vrae), donde operan los llamados remanentes senderistas en alianza con el narcotráfico.
Situada en el sureste peruano, el Vrae es una accidentada y boscosa zona entre los departamentos de Ayacucho, Cuzco, Junín y Huancavelica, donde el principal cultivo es la hoja de coca.
Este preocupante resultado es consecuencia, según el periodista y ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi, de la política aplicada por el Estado peruano en el Vrae desde diciembre de 2006, cuando el ministerio de Defensa asumió el manejo de la estrategia antiterrorista en la zona.
"Lo único que se les ocurrió fue poner bases militares en el Vrae para impedir el movimiento de Sendero. Una idea absurda, sin sentido", afirmó Rospigliosi.
Para el periodista, esta decisión convirtió en blanco fijo a los militares y no sirvió para nada salvo para, en sus propias palabras, "que los militares le cobren cupos al narcotráfico que transita por ahí".
Según el analista peruano, esta estrategia también ha permitido que hoy Sendero cuente con un "40, 50 por ciento más de armas (que roba a los militares) y ha elevado significativamente la moral de los subversivos".
Por su parte, el especialista en desarrollo rural Hugo Cabieses llamó la atención sobre el papel que el tráfico de droga en la zona, donde se procesa la mayor parte de la cocaína que exporta Perú, tiene para Sendero, un grupo que, en su opinión, se ha convertido "en los cuidadores del negocio del narcotráfico".
"Me parece que en la guerra no se puede atacar dos enemigos a la vez. Creo el tema central es el narcotráfico, así que lo primero es acabar con eso", afirmó Cabieses.
La solución, para Rospigliosi, pasa por reproducir en parte el trabajo que la Policía peruana desarrolla en el valle del Huallaga, la otra zona del país que tiene presentes las problemáticas del terrorismo y el narcotráfico.
"Hay que basar el trabajo en las labores de inteligencia, comprar información, algo que no es difícil en una zona de narcotráfico, donde se vende todo. La Policía sabe hacer ese trabajo", dijo el periodista.
Rospigliosi también abogó por potenciar el sistema de pago de recompensas y pidió que sean uniformados de las fuerzas especiales, que estén mejor preparados, los que realicen operaciones "quirúrgicas para eliminar o detener cabecillas".
"No importa el número, sino la calidad", resumió el peruano.
Para paliar el problema del narcotráfico, el trabajo pasa, según Cabieses, por realizar un desarrollo social de los agricultores de la zona, que les permita cambiar por otros productos sus plantaciones de coca: el único insumo que los narcotraficantes no pueden variar a la hora de elaborar la droga.
Junto a este trabajo en las zonas productoras, los dos analistas coincidieron en señalar la importancia de investigar la relación entre el tráfico ilícito de drogas y los poderes político y económico.
"El narcotráfico ha penetrado la política mucho más de lo que sabemos. No puede ser que en México en Colombia haya penetrado mucho y aquí, primer exportador de cocaína del mundo, no pase nada. Lo que ocurre es que no se ha investigado lo suficiente", afirmó Rospigliosi.
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