La Paz.- La Corte Suprema de Bolivia declaró hoy en rebeldía al ex ministro de Servicios Financieros Dante Pino, a quien la Fiscalía acusó de haber huido del país para evitar ser juzgado por su presunta responsabilidad en las muertes de más 60 personas en manifestaciones duramente reprimidas en 2003.
El alto tribunal emitió una resolución en la que se declara "rebelde" a Dante Pino y se ordena su búsqueda "nacional e internacional" y su aprehensión, para lo cual la orden será enviada a la Interpol. EFE/Archivo
El fiscal Milton Mendoza, encargado del caso conocido como "octubre negro", confirmó a Efe que el alto tribunal emitió una resolución en la que se declara "rebelde" a Pino y se ordena su búsqueda "nacional e internacional" y su aprehensión, para lo cual la orden será enviada a la Interpol.
En el juicio por el "octubre negro", que comenzó en mayo, se juzga a integrantes del segundo Gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) por el delito de "genocidio".
El fiscal Mendoza dijo que Pino ahora "es un prófugo buscado por la justicia por delitos graves de lesa humanidad y engrosa la lista de los tantos que han fugado del país evitando su responsabilidad".
Según la fuente, también se aplicarán medidas sobre los bienes y cuentas bancarias de Pino.
Mendoza informó la semana pasada que Pino salió del país el 26 de agosto rumbo a la ciudad chilena de Arica con conexiones a otros destinos pese a tener una prohibición para abandonar Bolivia.
Hasta el momento se desconoce en que país se encuentra, si bien la fiscalía y la defensa de las víctimas de la represión del 2003 sospechan que puede haber huido a Perú, donde los ex ministros Jorge Torres Obleas, Mirtha Quevedo y Javier Torrez Goitia están asilados desde hace cuatro meses.
En tanto que en Estados Unidos se encuentran Sánchez de Lozada y sus ex ministros de Defensa Carlos Sánchez Berzaín (refugiado), de Hidrocarburos Jorge Berindoague y de Agricultura, Guido Áñez.
Mendoza pidió hoy la detención preventiva para los siete acusados que permanecen en Bolivia a fin de evitar que "huyan" del país.
Se trata de los ex ministros de Trabajo Adalberto Kuajara y de Desarrollo Sostenible Erik Reyes Villa, además de cinco ex miembros del alto mando militar acusados de dirigir la represión de las manifestaciones en 2003.
En octubre de ese año, sectores sociales de izquierda realizaron protestas en contra de un proyecto de exportación de gas hacia EE.UU. por puertos de Chile, país con el que Bolivia no tiene relaciones diplomáticas, lo que derivó en violentos enfrentamientos de los manifestantes con policías y militares.
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