Quito.- La Fiscalía General ecuatoriana reiteró hoy que la petrolera estadounidense Chevron, inmersa en un proceso por daños ambientales y personales en la Amazonía, pretende "retardar el fallo judicial y encontrar argumentos para no pagar por los perjuicios ocasionados".
La petrolera Chevron, según el fiscal general de Ecuador, Washington Pesántez, "debería estar más interesada en los daños irreversibles que la explotación petrolera causó a la Amazonía que en encontrar violaciones al debido proceso". EFE/Archivo
Un comunicado difundido por esa institución asegura que la Fiscalía "permanecerá vigilante para evitar que ciertas argucias dilaten el fallo de un juicio que debe concluir conforme a derecho".
La petrolera estadounidense y su portavoz, James Craig, según el fiscal general de Ecuador, Washington Pesántez, "deberían estar más interesados en los daños irreversibles que la mala práctica de explotación petrolera causó en la Amazonía que en encontrar eventuales violaciones al debido proceso en las declaraciones de los funcionarios públicos".
En el comunicado recuerda que la "Fiscalía General del Estado no es una entidad del Gobierno, sino que responde a los intereses del estado ecuatoriano, y más específicamente a los de la sociedad que reclama por el inmenso daño causado a un buena parte del territorio nacional".
Por último, asegura que "el juicio planteado contra Chevron-Texaco tiene más de 15 años y se enmarca en una práctica recurrente de las petroleras cual es: agotar a los demandantes para que abandonen el litigio".
Chevron, que compró Texaco en el año 2000, presentó la semana pasada unos vídeos para fundamentar sus acusaciones de soborno, en el que estarían implicados el juez que lleva el caso, Juan Núñez, así como representantes de los demandantes y del Gobierno, para pedir la nulidad del juicio.
Tras la aparición de los vídeos, el propio juez Núñez renunció el pasado día 4 a seguir con el caso y presentó la "excusa legítima" para "preservar que la sentencia que se tiene que emitir no sea objeto de ninguna dilatoria adicional ni de deslegitimaciones de la empresa", según el fiscal general.
Pesántez ha iniciado una indagación previa sobre las denuncias de soborno para que las personas que aparecen en los vídeos, grabados con cámara oculta y sobre los que Chevron sustenta sus acusaciones, acudan a "rendir versiones".
Los demandantes consideran que esos vídeos han sido manipulados por la petrolera, que lo que pretende es "dilatar el proceso", cuya sentencia, en principio, el juez Núñez tenía previsto fallar antes de fin de año.
Los demandantes, representados por el Frente de Defensa de la Amazonía, han solicitado el pago de 27.000 millones de dólares a Chevron-Texaco por los daños que, dicen, causó la muerte por cáncer a más de 1.400 personas y el desplazamiento forzoso de pueblos indígenas mientras operó en Ecuador entre 1972 y 1990.
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