La fuga de Aranalde pone en cuestión la actuación del juez que ordenó su libertad

Madrid.-  La fuga de la etarra Maite Aranalde tras quedar el libertad bajo fianza por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha sembrado las dudas sobre si su actuación fue acertada o no, asunto que resolverá mañana la sala de gobierno de ese tribunal pero que hoy ha suscitado reacciones de todo tipo.

Aranalde, tras ser extraditada por Francia la semana pasada, fue puesta en libertad bajo fianza por Velasco -que sustituía al juez Baltasar Garzón mientras éste estaba de vacaciones-, en una decisión revocada hace dos días por el propio Garzón cuando la etarra ya se encontraba en paradero desconocido.

Con el fin de aclarar lo ocurrido, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, expondrá en su reunión de mañana con la sala de gobierno toda la información recabada desde la extradición de Aranalde y decidirá si adopta alguna medida contra Velasco.

A la espera de la decisión de la Audiencia Nacional al respecto, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha defendido la actuación de Velasco porque "tomó la decisión que creía que era la que procedía en Derecho".

Velasco consideró que lo que procedía era dejar a Aranalde en libertad bajo fianza de 12.000 euros porque no se daban los requisitos para ordenar su ingreso en prisión incondicional, en contra de la opinión expresada días después por su compañero Baltasar Garzón.

El titular de Interior no ha especificado si la presunta etarra era vigilada tras su puesta en libertad pero ha confiado en que la Policía "siempre hace su trabajo" en el marco de la ley y detendrá a Aranalde.

Al contrario que Rubalcaba, el presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, ha pedido "responsabilidades" por la fuga de la etarra y ha opinado que "a alguien le debe caer un paquete gordo porque si no esto volverá a pasar".

"Todo el mundo sabía que si podía se iba a largar", ha insistido Basagoiti, quien ha considerado que al "error de Francia se le ha sumado otro error en España que puede haber sido judicial o de control".

El caso de Aranalde es, para la Confederación Española de Policía (CEP), un "nuevo episodio de descoordinación" entre magistrados, pero la confederación ha defendido el papel del magistrado de guardia, que "debe interpretar en pocos minutos hechos de complejidad y gravedad extremos que sólo conoce en profundidad el titular de la investigación".

La CEP ha advertido sobre la necesidad de aplicar medidas judiciales preventivas que garanticen que Aranalde sea juzgada y ha considerado que su historial delictivo y su condena en Francia "merecían algo más que una ridícula fianza de 12.000 euros".

Sin entrar a valorar si ha habido descoordinación, el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, ha afirmado que, sobre el caso de Aranalde, ha habido dos decisiones judiciales -la de Velasco y la de Garzón- y que su departamento y la Policía Vasca respetan ambas porque su obligación "es cumplir fielmente las decisiones de los jueces".

Quien sí ha mostrado abiertamente su "indignación" por la huida de Aranalde ha sido la presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga (PP), que ha reclamado una explicación de "qué ha pasado y por qué".