Valparaíso (Chile).- La Convención de Naciones Unidas para la protección de las personas contra la desaparición forzada será ley en Chile tras ser aprobada, en su último trámite legislativo, por el Senado, informaron hoy fuentes parlamentarias.
La firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la desaparición forzada de personas será ley en Chile. "Este acuerdo permitirá a Chile estar presente en las distintas instancias de protección de los derechos humanos", destacó el ministro de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo (en la foto). EFE/Archivo
La aprobación de la norma, que no tiene efecto retroactivo y ahora debe ser promulgada como ley por la presidenta Michelle Bachelet, fue por unanimidad de los senadores, precisaron las fuentes.
La norma legal formaba parte de un acuerdo político que permitió destrabar el Tratado que creó la Corte Penal Internacional (CPI) y tipificar en la legislación chilena los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
"Este acuerdo permitirá a Chile estar presente en las distintas instancias de protección de los derechos humanos, ya que busca poner freno a una práctica cruel e ignominiosa", destacó el ministro de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, que asistió a la sesión del Senado en Valparaíso, a 120 kilómetros al oeste de Santiago.
"El gobierno se someterá a todos los mecanismos internacionales de control", precisó Viera Gallo.
Para el senador socialista Camilo Escalona, la aprobación de la norma supone "un compromiso del sistema político del país contra esta lamentable y terrible práctica que, en el pasado reciente, conmocionó profundamente nuestra convivencia nacional".
"Chile queda a la altura de sus responsabilidades en materia de adhesión a los principales instrumentos internacionales de derechos humanos", destacó por su parte el senador Jaime Gazmuri, del mismo partido.
El democristiano Jorge Pizarro explicó que la norma define el delito de detención forzada como el arresto, secuestro u otra forma de privación de libertad por parte de agentes del Estado o personas con apoyo u autorización del Estado, seguido de la negativa a reconocer esa privación de libertad o del ocultamiento de la víctima.
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