Exigen hallar a seis desaparecidos, tras la histórica condena a un ex militar en Guatemala

Guatemala.-  Después de la histórica condena a 150 años de prisión al ex militar Felipe Cusanero, los familiares de seis indígenas desaparecidos entre 1982 y 1984 exigieron hoy la localización de sus cuerpos y una ley que permita localizar a 45.000 desaparecidos durante la guerra (1960-1996) en Guatemala.

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En una rueda de prensa, activistas de derechos humanos y el padre de uno de los desaparecidos expresaron su satisfacción por la sentencia emitida este lunes por el Tribunal de Chimaltenango (noroeste) que puso fin a 27 años de impunidad y que dejó abierto el camino para que se juzguen en el país los delitos de lesa humanidad.

"Yo lo que quiero es que me digan dónde está el cuerpo de mi hijo para sacarlo (exhumarlo) y darle sepultura, ponerle flores y una veladora", dijo hoy a Efe Hiliarón López, quien fue el acusador de Cusanero en representación de los deudos de los seis desaparecidos.

Este indígena kaqchikel aseguró que su hijo Encarnación López, de 24 años, fue detenido ilegalmente por el ex comisionado militar, que lo acusó de ser guerrillero. Pero "nosotros somos agricultores", sostuvo.

Aunque reconoció que la sentencia lo dejó contento porque "dio triunfo al esfuerzo que hemos llevado y es la primera paz que recibimos de la ley", reiteró que está "molesto porque hasta la fecha" no le han entregado los restos de su hijo.

López, incluso, dijo que él y el pueblo indígena de Choatalum están dispuestos a perdonar a Cusanero si les pide disculpas y dice donde están los restos mortales de los seis desaparecidos.

El ex militar fue juzgado y declarado culpable de la desaparición de Lorenzo Ávila, Alejo Culajay, Filomena López, Encarnación López, Santiago Sutuj y Mario Augusto Tay, entre el 5 de noviembre de 1982 y el 28 de octubre de 1984 en la aldea Choatalum (Chimaltenango).

Por su parte, Aura Elena Farfán, titular de la Asociación de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), que actuó como querellante adherida en el juicio, manifestó a Efe que el Tribunal sentó un procedente con esta primera sentencia en un caso de desaparecidos en el país.

Apegados a derecho, los jueces, encabezados por Walter Jiménez, tuvieron la valentía de sentar un precedente en Guatemala al reconocer la figura de la desaparición forzosa, afirmó.

"Se sentó un procedente histórico y vemos que sí se puede lograr la justicia con voluntad política y lo más interesante es que la sentencia abrió el espacio para juzgar las miles de desapariciones", declaró la activista, cuyo hermano, Rubén Amilcar Farfán, fue detenido y desaparecido el 15 de mayo de 1984.

Farfán explicó que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han presentado 27 casos por desapariciones que esperan también lleguen a una sentencia.

Por su parte, el abogado del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), Juan Francisco Soto, quien asesoró a los familiares durante el juicio, explicó que para los jueces es "muy complicado" juzgar casos de desapariciones cuando no cuentan con la información militar sobre los hechos ocurridos durante la guerra.

Ante ello, aseguró, "es necesario y urgente" que se apruebe la Ley de Búsqueda de los Desaparecidos para que se haga pública la información que tiene el Ejército.

Hasta ahora en Guatemala, considerado el país de Latinoamérica con más desaparecidos en conflicto, se celebra, el 21 de junio de cada año, el Día Nacional contra la Desaparición Forzosa, establecido en 2004 por el Congreso.

Sin embargo, el Congreso aún no ha aprobado una ley que permita la integración de una Comisión de Búsqueda de los 45.000 desaparecidos durante el conflicto armado.

Soto sostuvo que el caso de Cusanero, uno de los civiles que obtuvo del Ejército el grado de comisionado militar para vigilar a los ciudadanos, con lo que el Ejército los reconocía como militares, demostró que el sistema de justicia puede funcionar.

"El Ministerio Público cumplió con su mandato constitucional de hacer la persecución penal y los jueces en dictar una sentencia, respetando el debido proceso al imputado, algo que no se le respetó a los desaparecidos", apuntó.

Según el jurista, la sentencia dejó un mensaje claro a la Justicia y a las autoridades para que escuchen los reclamos de las víctimas, que exigen que se juzgue a los autores materiales e intelectuales de los graves delitos de lesa humanidad que se cometieron durante el conflicto armado.