Sevilla.- El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, ha subrayado hoy en el Parlamento andaluz que cada vecino debe afrontar los gastos de regularización de sus viviendas ilegales, porque "no es de recibo" que esos costes los tengan que afrontar las administraciones.
En una comparecencia del consejero a petición del Grupo Popular para abordar el urbanismo ilegal en Chiclana de la Frontera (Cádiz), el consejero ha reiterado que no se puede plantear, como sostiene que defiende el PP, que se haga una "derrama general" para que las administraciones paguen las regularizaciones de los que construyeron "sin preocuparse de los papeles".
"No es de recibo" ni "van a tolerar los andaluces ni la Junta" que se plantee esa posibilidad de pago para los que se "aprovecharon" y se hicieron sus casas sin tener en cuenta la legalidad, ha indicado el consejero, quien ha asegurado que no habrá "leyes de punto final" para esos vecinos.
La diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero, por su parte, ha indicado que los vecinos de Chiclana, donde afirma que hay 40.000 las viviendas ilegales, muchos de sus habitantes están "en pie de guerra" porque no pueden pagar los costes de regularización para obtener servicios como el agua, que ha cifrado en unos 24.000 euros.
La consejería, por su parte, asegura que en Chiclana hay 15.007 edificaciones en suelo no urbanizable, según un estudio realizado junto al Ayuntamiento, y el consejero ha dicho que ahora se va a realizar un trabajo de campo para levantar una ficha que refleje la situación de cada una de ella.
La diputada del PP ha propuesto que un tercio del coste de regularización de esas casas, cuya proliferación ilegal ha achacado al PSOE, lo pague el Ayuntamiento, otro tercio la Junta y el resto los vecinos.
El consejero, por su parte, ha dicho que cuando se hicieron las casas ilegales esos vecinos sí tenían dinero y ahora no lo tienen para pagar su regularización, por lo que ha instado a "ser razonables" y a que los afectados "pidan créditos" para afrontar esos costes porque ha asegurado que no lo hará la administración.
Espadas ha recordado que el PGOU de Chiclana aborda la normalización de los asentamientos vigentes y ya prevé las infraestructuras y equipamientos para que la localidad se integre en el área metropolitana.
De esta forma, el municipio chiclanero es uno de los que aborda la regularización de las edificaciones ilegales, como propone el Defensor del Pueblo andaluz y recoge el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz.
El consejero ha revelado que 118 municipios andaluces han solicitado la colaboración de la Dirección General de Inspección del Territorio, Urbanismo y Vivienda para la aprobación de un Plan Municipal de Inspección.
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