Sevilla.- Las empresas andaluzas han destruido en ocho meses tantos puestos de trabajo como los creados en los últimos diez años de bonanza económica, lo que supone una "auténtica catástrofe" y obliga a vincular en la negociación del acuerdo de concertación los recursos a las empresas con los derechos laborales.
El secretario general de UGT en Andalucía y presidente de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, Manuel Pastrana. EFE/Archivo
Según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2009, en Andalucía se destruyeron en un año 249.100 empleos.
Este es una de las premisas en las que se basa la UGT-Andalucía para defender una nueva orientación del VII acuerdo de concertación para no ceñirlo sólo a un acuerdo sobre las grandes líneas de política económica sino que se vinculen los recursos públicos destinados a las empresas a las condiciones laborales de los trabajadores.
Este planteamiento lo expuso hoy el secretario general de la UGT-A, Manuel Pastrana, en la presentación del noveno congreso del sindicato, quien defendió también la recuperación del empleo perdido con medidas específicas para generar un nuevo modelo productivo y reforzando los sectores en los que la región es competitiva.
Sin embargo, los empresarios "no entienden que estamos en un tiempo nuevo y que no se puede impulsar con recursos públicos un tejido empresarial" similar al actual, ha denunciado.
La próxima reunión de la mesa de negociación del VII acuerdo de concertación social está prevista para el próximo 14 de septiembre y Pastrana ha advertido: "no podemos estar sentados -permanentemente- con quienes despiden a los trabajadores en un debate inútil".
Por tanto, ha sostenido que la UGT tiene urgencia en cerrar pronto un acuerdo para que la "crisis no mate más empleo" y ha achacado el retraso del diálogo en Andalucía a la "contaminación" del fracaso del acuerdo social en el ámbito estatal.
Ha advertido de que habrá movilizaciones antes de que termine este año "si la respuesta -a la crisis- no puede ser la vía de la negociación".
El dirigente sindical alertó también del "alarmante" fraude laboral en la contratación y ha exigido a las administraciones públicas que persigan estas prácticas y también que el Servicio Andaluz de Empleo tenga capacidad operativa para luchar contra esas irregularidades.
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