La Junta cree que el decreto del Gobierno impide ayudas adicionales a los parados

Sevilla.-  El Gobierno andaluz ha estimado hoy que el decreto del Ejecutivo central que regula la ayuda de 421 euros para desempleados de larga duración "no permite" que las comunidades autónomas incorporen ayudas adicionales.

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(EFE)

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por José Antonio Griñán (c), celebra la primera reunión tras el periodo de descanso estival, con lo que se da por iniciado el nuevo curso político.

La Junta de Andalucía ha fijado de esta forma su posición ante la propuesta de del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Pedro Castro, que ha defendido que la ayuda de 420 euros para desempleados de larga duración propuesta por el Gobierno se complemente con 200 euros aportados por las CCAA y los ayuntamientos, para que la paga llegue al salario mínimo interprofesional.

A la conclusión del primer Consejo de Gobierno andaluz tras las vacaciones estivales, el consejero de la Presidencia, Antonio Ávila, ha sostenido en conferencia de prensa que la medida del Gobierno tiene jurídicamente un "difícil encaje" a la hora de sumar a la misma un complemento de carácter autonómico.

No obstante, no ha descartado que en la tramitación parlamentaria del decreto ley en el Congreso se pueda introducir alguna posible modificación, si bien ha insistido en que "tal y como está no se puede completar porque es una prestación".

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha confirmado, por su parte, que a fecha de ayer se habían reconocido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) más de 5.000 solicitudes para la ayuda de 420 euros a los desempleados que hayan perdido la prestación desde el 1 de agosto.

Esta ayuda, según el Gobierno, es incompatible con la percepción de los salarios sociales, las rentas mínimas o ayudas análogas y permite a los beneficiarios tener derecho a la asistencia sanitaria y, en su caso, a las prestaciones familiares.

La Junta ha valorado, sin embargo, que el Gobierno tenga un esquema general de atención a este colectivo especialmente afectado por la crisis económica.

Ávila se ha referido, en este sentido, al fondo de inversión local dirigido a los parados de la construcción, que esta teniendo su desarrollo y tendrá una posible ampliación en 5.000 millones el año próximo.

"Esos fondos si tienen su complemento con medidas andaluzas como los planes Proteja y el Menta, cuyo desarrollo se extenderá este otoño", ha explicado.

El consejero ha confirmado, por otro lado, que la Junta no tiene de momento una previsión sobre la evolución de la economía y la creación de empleo para los próximos meses, aspectos que serán abordados en el escenario económico de los presupuestos andaluces para el 2010.

"Las previsiones deben incluir tanto elementos económicos como demográficos vinculados a población que se incorporará al mercado de trabajo. No hay previsión al respecto, ya que hay que esperar los datos sobre la encuesta de población activa", ha puntualizado.

La crisis, que marca el comienzo del curso político en la comunidad, ha provocado que las autonomías adeuden al Estado 6.000 millones por la caída de la recaudación en 2008.

De esta cantidad a Andalucía le corresponde más 1.400 millones, deuda que la Junta ha reconocido porque así lo recogen los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

"En previsión de esta circunstancia se acordó también que la devolución al Estado no recayese sobre el año 2010, sujeto a evidentes tensiones presupuestarias, si no a partir del 2011", ha matizado el consejero de Presidencia.