León.- Representantes de ayuntamientos, empresas y sindicatos han reclamado hoy a la Junta de Castilla y León que prosiga con la tramitación de los expedientes sobre parques eólicos como hasta ahora, pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y en tanto resuelva el Tribunal Supremo.
El presidente de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (APECYL), Eugenio García Tejerina (i) conversa con el alcalde del Ayuntamiento de Folgoso, José Manuel Otero.
El presidente de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (APECYL), Eugenio García Tejerina, ha afirmado hoy en una rueda de prensa que sería un "error" que por "planteamientos equivocados" que se "tratara de impedir la consolidación" del liderazgo de la comunidad en esta materia.
Tras la sentencia del pasado julio por parte del TSJCYL, contraria a la autorización para la instalación del Parque Eólico "Murias II" en el término de Murias de Paredes (León), esta asociación convocó para hoy una reunión en León para defender sus intereses energéticos.
A esta reunión han asistido alrededor de doscientas personas y, en ella, se ha acordado pedir una reunión formal al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en aras a transmitirle su "preocupación" por este asunto y para buscar una "solución al respecto".
Según Tejerina, tras esta sentencia, los expedientes relativos a la instalación de parques en la zona por parte de la Junta del Bierzo están "paralizados" o "en continua dilación".
Ha insistido en que sólo existe una sentencia del TSJCYL que se opone a uno de los parques y ha añadido que, de momento, no es firme, ya que está pendiente de "revisión" ante el Tribunal Supremo.
Ha explicado que se "está cuestionando" la ejecución de unos parques en los que se ha respetado "escrupulosamente la normativa existente" y cuya paralización está ocasionando "pérdidas millonarias".
La sentencia del TSJCYL se refiere a uno de los parques que se proyectan en el nudo de Villameca, una zona en la comarca de La Cepeda, cerca del Bierzo, donde confluyen diversas líneas de explotación eólica que están siendo contestadas por colectivos e intelectuales, quienes critican el destrozo de paisajes emblemáticos por su interés ecológico y su valor turístico e incluso histórico.
En la sentencia, el TSJCYL lo que viene a decir es que, para la evaluación de impacto ambiental, estos proyectos se han tramitado de forma fragmentada, con una resolución por parte de la Delegación Territorial de la Junta, cuando ésta se debería hacer de forma conjunta, y el estudio lo debería realizar la Consejería de Medio Ambiente.
En el proyecto de Murias, se tomó en consideración los dieciocho parques eólicos que se estaban tramitando en un radio de diez kilómetros a éste, según dicho tribunal.
En este zona, siete empresas están tramitando desde hace más de diez años u total de dieciséis parques eólicos, según datos de la asociación.
Aunque estos proyectos cuentan con el rechazo de las organizaciones de ecologistas, el presidente de la asociación ha apelado a razones medioambientales para proseguir con estas iniciativas, ya que es una forma de luchar contra el cambio climático.
Ha apelado también a razones económicas, ya que en el nudo eléctrico de Villameca hay proyectados 425 megavatios con una inversión prevista de seiscientos millones de euros y unas previsiones de quinientos empleos directos y de 1.200 indirectos.
Con esto, más de quince municipios y juntas vecinales de toda la zona recibirán en veinte años cuarenta millones de euros por admitir estas instalaciones, a lo que hay que sumar los treinta millones que recibirán por licencias e impuestos en este periodo.
Castilla y León se encuentra a la cabeza nacional, tras alcanzar los 3.724 megavatios (MW), repartidos en 161 parques eólicos, de los que nueve están en León, con una potencia eólica instalada de 225,75 megavatios, según datos de esta asociación.
El presidente de la Asociación ha elogiado la actuación de la Junta hasta ahora en este asunto, entre otras cosas porque ha habido una normativa clara y estable, y ha pedido que "la solución está en seguir trabajando como estaba".
Precisamente hoy, ocho colectivos conservacionistas han denunciado en un comunicado la falta de valores democráticos de buena pare de la clase política que defiende los intereses de las empresas eólicas "por encima de la legalidad".
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