Zabaleta defiende una política social "equilibrada para un país, no tres"

Bilbao.-  La consejera vasca de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ha defendido la necesidad de aplicar en el País Vasco una política social "equilibrada, para un país, no para tres".

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(EFE)

En la imagen, la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, durante la rueda de prensa que ofreció hoy para exponer la posición del Gobierno Vasco sobre las ayudas para la inclusión social aprobadas por la Diputación de Guipúzcoa.

Zabaleta ha comparecido hoy en rueda de prensa en Bilbao para "dar explicaciones" sobre las críticas vertidas ayer desde su departamento a la nueva ayuda social establecida por la Diputación guipuzcoana para familias en situación de pobreza, diferente en cuantía y en requisitos a las que se disfrutan en los otros dos territorios vascos.

La consejera ha señalado que las diferencias de su departamento son de contenido, pero también de forma, ya que conoció la medida guipuzcoana a través del boletín oficial y no en el seno de la comisión interinstitucional puesta en marcha para revisar y analizar las políticas sociales, "precisamente para tratar de evitar duplicidades".

Zabaleta ha afirmado que la aprobación por parte del Parlamento Vasco, la pasada legislatura, de la Ley de Garantía de Ingresos, establece un "antes y un después" y "pone el contador a cero" en las políticas sociales del País Vasco, ya que trata de "corregir una situación previa, que era la complementación de la antigua renta básica por parte del resto de las instituciones".

La consejera ha recalcado que este "pacto social" lo que trata es precisamente de "evitar que hubiera dispersión de prestaciones y ayudas", al tiempo que "incorpora nuevos supuestos y perceptores".

Por eso ha criticado que "seis meses después del pacto social que todos alcanzamos en el Parlamento se produzca una nueva norma que se desvincula de él".

Zabaleta ha indicado en que en el proceso previo a la aprobación de la ley hubo un intenso debate sobre cuál debería ser el tiempo de empadronamiento requerido a los perceptores.

"Y se alcanzó un consenso para establecerlo en doce meses (no seis como en el caso guipuzcoano) porque entendíamos que ese plazo era el necesario para acreditar el arraigo de las personas que van a recibir no sólo ayudas económicas, sino también programas de empleabilidad y de inserción", ha añadido.

Por eso, ha subrayado la consejera, "cuando se va por el camino de hacer normas al margen de este sistema, lo que se genera es que haya pobres de primera y de segunda; estamos generando desigualdad y nosotros no queremos eso".

Zabaleta ha considerado que es necesario "desdramatizar las diferencias" y no entenderlas como un conflicto institucional.

"Nosotros -ha explicado- tenemos un modelo, que es el de la ley. Otros podrán tener otro, pero no tiene porqué gustarnos. No nos gusta el camino de la desigualdad y la diferencia. No nos gusta el camino de que cada uno de los territorios o de los municipios se desmarque de un sistema de garantía de ingresos".

En todo caso la consejera ha señalado que la ley se encuentra en un proceso de desarrollo y "si seis meses después de aprobarla, hay un consenso para rebajar los requisitos de empadronamiento, modificaremos la ley".

"Me comprometo -ha dicho- a buscar otra vez los equilibrios para que el sistema sea igual para todos los ciudadanos vascos, vivan donde vivan. Ese es nuestro modelo".

La consejera ha finalizado su intervención citando el preámbulo de la propia ley, en el que se fija como objetivo "consensuar un pacto social que garantice la redistribución de las rentas, dar coherencia a las diversas prestaciones y evitar que en función de coyunturas locales o territoriales particulares se den pasos que generen desigualdad".