Madrid.- El Gobierno y las Comunidades Autónomas analizaron hoy la nueva ayuda de 420 euros a los desempleados que hayan agotado su prestación para tratar de hacer más efectiva esta medida y coordinar las diferentes políticas activas y pasivas de empleo.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, presidió la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales, reunión que duró casi cuatro horas, en la que los representantes autonómicos valoraron y criticaron esta ayuda y presentaron sus propuestas.
La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, que hizo declaraciones a la prensa antes de que terminara la conferencia, dijo que para la mayoría de los consejeros asistentes la medida es "deseada, valorada y oportuna".
Valoró especialmente la propuesta de la consejera de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, Mar Serna, quien pidió que los desempleados puedan optar a un subsidio de 200 euros, que se sumarían a los 420 propuestos por el Gobierno, si acceden a un itinerario de "actividades de colaboración social".
A esta iniciativa se sumó también el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro.
En este sentido, Rojo explicó que los convenios de colaboración social existen desde hace 30 años y con ellos se establece que quien cobra una prestación puede complementarla con unos recursos adicionales y que la propuesta de Cataluña "es muy importante e interesante" y añadió que "ojalá que no haya técnicamente ningún problema".
Rojo precisó que en la reunión de hoy, ha habido unanimidad en cuanto a la cantidad de la ayuda, ya que los 420 euros son una suma equivalente con la que se cuenta en un subsidio, explicó.
Sin embargo, dijo que se ha discutido con algunos de los consejeros "y está en estudio" que se deben analizar "posibles complementariedades" en aquellas comunidades en que la renta de inserción tiene una cuantía superior a 420 euros.
En este sentido, el consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva, criticó la ayuda porque esa comunidad ya dispone de una medida "prácticamente idéntica".
Más crítica se mostró la consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, Paloma Adrados, que calificó la medida de "parche" e improvisada porque el Gobierno ha tenido que modificarla al poco tiempo de ponerla en marcha.
Rojo respondió que la ayuda "ni es un parche" ni se trata de una medida improvisada o arbitraria, que ha estado bien valorada en la conferencia "por oportuna" en un contexto económico como el actual y que se ha puesto en marcha con mucha celeridad.
La secretaria general de Empleo precisó que se trata de un programa que parte de la "voluntad" de participar en un itinerario de inserción y que ha sido improvisada porque nació en el diálogo social antes de que éste se rompiera a finales de julio.
También se refirió al elevado coste de la medida, que se estima en 642 millones de euros.
Al respecto, recordó el anuncio del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien afirmó que el Ejecutivo está dispuesto a modificar los términos de la prestación para que beneficie a más personas, porque, según establece el real decreto, sólo pueden reclamar los 420 euros quienes hayan agotado su prestación desde el 1 de agosto.
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