La Diputación de Guipúzcoa defiende la nueva ayuda social, que la mayoría de los partidos apoya

San Sebastián.-  La Diputación de Guipúzcoa ha asegurado hoy que la nueva ayuda social para familias en situación de pobreza excluidas de la renta básica da equilibrio a las tres provincias vascas, y ha lamentado la "airada reacción" del Ejecutivo autonómico a esta medida, a la que la mayoría de los partidos da su apoyo.

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(EFE)

La directora del departamento de Política Social de la Diputación de Guipúzcoa, Maite Etxaniz. EFE/Archivo

La institución foral guipuzcoana ha respondido así a las críticas vertidas ayer por el departamento de Asuntos Sociales del Gobierno vasco, que la acusó de "romper el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos" y de introducir "un desequilibrio interterritorial" con la puesta en marcha de esta ayuda para personas excluidas.

El decreto foral que la regula, aprobado en las Juntas Generales de Guipúzcoa con el apoyo de todas las fuerzas políticas salvo el PP, que se abstuvo, establece una paga mensual del 80 por ciento de la renta de garantía de ingresos, es decir 512,5 euros al mes para unidades familiares unipersonales, superior si la familia es mayor, mientras que en Vizcaya y Álava las cuantías son inferiores.

El departamento de Política Social de la Diputación, que dirige Maite Etxaniz, de Hamaikabat, ha rechazado el "tono prepotente" del Ejecutivo y sus acusaciones "tan graves como erradas" y ha agregado que los responsables políticos del Gobierno vasco y los del "propio PSE de Guipúzcoa" podrían haber evitado el "sonrojo" al que se han visto sometidos "con una simple consulta".

Ha subrayado además que el departamento de Política Social se ha limitado a cumplir un mandato de las Juntas Generales de Guipúzcoa que "venía a equilibrar una situación anómala", puesto que en este territorio, a diferencia de Álava y Vizcaya, no existía una ayuda de esta naturaleza.

"Ahora sí existe una armonía entre los territorios" ya que la nueva prestación "es respetuosa con el sistema vasco de garantía de ingresos y no produce discriminación alguna entre la ciudadanía vasca", insiste la Diputación, que ofrece al Gobierno vasco su colaboración "leal y respetuosa", pero pide "el mismo trato, forma y estilo".

La unidad de criterio es la principal demanda también de Eusko Alkartasuna, que ha reclamado una revisión de la Ley de Territorios Históricos para que todos los ciudadanos vascos disfruten de los mismos servicios públicos y una Ley Municipal que aclare el reparto competencial.

Para los socialistas guipuzcoanos, la "coordinación y colaboración" entre el Gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos debe ser "obligada" para configurar un sistema vasco de garantía de ingresos e inclusión social.

Han hecho hincapié además en que "dicha iniciativa tenía una clara voluntad armonizadora" ya que en la misma se hacía referencia a una prestación que se debería percibir en Guipúzcoa "al igual que en Álava y en Vizcaya".

Hamaikabat, por su parte, ha calificado como "inaceptables" las críticas del Gobierno vasco a la Diputación, ha exigido al Ejecutivo una rectificación pública y ha subrayado que esta ayuda no origina ningún desequilibrio sino que recompuso una desigualdad, porque Álava y Vizcaya ya tenían una prestación de estas características.

La portavoz de Aralar en las Juntas Generales de Guipúzcoa, Rebeka Ubera, quien ha valorado la nueva ayuda, ha pedido al Gobierno Vasco que siga el ejemplo de la Diputación guipuzcoana y adopte medidas similares.

Un apoyo que también ha manifestado el juntero de Alternatiba Ander Rodríguez, quien ha rechazado la actitud del Gobierno vasco al que ha instado a reparar más "en el equilibrio interpersonal en vez de prestar tanta atención a la supuesta ruptura del equilibrio interterritorial".