Buenos Aires.- El Gobierno argentino lamentó hoy la nueva huelga comercial a la que convocaron las patronales rurales en protesta contra las políticas oficiales hacia el sector y aseguró que la medida de fuerza "no tiene asidero".
"Las medidas que tomamos van en el sentido de lo que ellos pidieron en público y en privado. No se comprende el objetivo de una medida de estas características", destacó el jefe del Gabinete, Aníbal Fernández. EFE/Archivo
"Al paro no le encuentro asidero. Las medidas que tomamos van en el sentido de lo que ellos pidieron en público y en privado. No se comprende el objetivo de una medida de estas características", destacó a los periodistas el jefe del Gabinete, Aníbal Fernández.
Los dirigentes de las cuatro principales entidades rurales convocaron ayer a una nueva huelga comercial, la tercera en lo que va del año y la octava desde que en marzo de 2008 se inició el conflicto con el Gobierno, que se niega a bajar los impuestos a las exportaciones de granos.
El paro, que comenzará el próximo viernes y se prolongará durante siete días, supondrá la no comercialización de granos con destino a industrias y exportación y el no envío de ganado en pie a los mercados de hacienda.
La nueva medida de fuerza fue resuelta en una reunión celebrada por los dirigentes de la Federación Agraria, la Sociedad Rural, las Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro, que representan a unos 290.000 productores.
La convocatoria se hizo efectiva horas después de que la presidenta argentina, Cristina Fernández, vetara una ley de emergencia agropecuaria aprobada hace unos días por el Parlamento con el aval de oficialismo, pero que contenía reducciones y hasta eliminaciones de los derechos de exportación de granos en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires.
En este sentido, Aníbal Fernández consideró que el veto era "inexorable", aseguró que esa decisión se adoptó "en defensa de los intereses de los argentinos" e insistió en que "nunca" dirá que está concluido el diálogo con los dirigentes del campo.
Por su parte, la ministra de Producción, Débora Giorgi, indicó en declaraciones radiales que la medida adoptada por las patronales rurales le deja un "sabor amargo" y recordó que entre abril de 2008 y junio de 2009 el sector agropecuario recibió 21.739 millones de pesos (5.631,8 millones de dólares) entre créditos y subsidios.
Los impuestos a las exportaciones de soja, girasol, trigo y maíz son el eje de un conflicto desatado en marzo del año pasado entre las patronales agrarias y el Gobierno.
Los dirigentes agropecuarios reiteraron que aspiran a que a partir del 10 de diciembre, cuando cambie la composición parlamentaria tras la derrota del oficialismo en los comicios de junio pasado, el Legislativo debata iniciativas que mejoren la situación del sector.
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