Madrid.- La Diputación Permanente del Congreso decidirá hoy si comparecen en la Cámara Baja la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para hablar de la supuesta "persecución" a dirigentes del PP denunciada por este partido.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. EFE/Archivo
Estas dos comparecencias han sido reclamadas por el Partido Popular, que también quiere que acuda al Congreso el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para informar "de las actuaciones iniciadas por la Fiscalía contra los miembros del PP y el resultado de esas actuaciones", así como contra miembros del PSOE, "especificando el resultado de las mismas".
Según el orden del día de la Diputación Permanente, la petición del Partido Popular sobre De la Vega es para que la vicepresidenta explique, ante la Comisión Constitucional, "las directrices que se han dado desde el Gobierno a la Fiscalía y a otras instituciones del Estado para la persecución de dirigentes y militantes del PP".
En cuanto a Pérez Rubalcaba, solicitará su comparecencia en la Comisión de Interior para que dé explicaciones de la, a juicio del PP, "constante utilización partidista y sectaria de la Policía Judicial contra militantes y dirigentes del Partido Popular".
Junto a estas comparecencias, la Diputación Permanente estudiará la del ministro de Fomento, José Blanco, solicitada también por el PP, para que informe sobre las causas del apagón que se produjo el pasado día 15 en la T-4 de Barajas y sobre las actuaciones adoptadas los pasados días 10, 11 y 12 ante los cortes de los servicios ferroviarios.
La Diputación Permanente, órgano que sustituye al pleno en los periodos inhábiles, estudiará otra petición de comparecencia, solicitada por los grupos de ERC-IU-ICV y vasco, para que Blanco explique las medidas que va a adoptar el Gobierno en relación con los datos de los informes técnicos de la comisión de investigación del accidente de la compañía Spanair en el aeropuerto de Barajas.
Estos mismos grupos desean asimismo que el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, informe sobre el decreto por el que se regula la ayuda de 420 euros a parados sin prestación.
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