Bogotá.- El referendo con el que los partidarios del presidente colombiano, Álvaro Uribe, buscan que pueda optar a una segunda reelección se enfrenta este martes a una decisiva votación en el Congreso, en medio de denuncias opositoras sobre la supuesta compra de votos por parte del Gobierno.
Si la Cámara de Representantes le da el visto bueno en una votación que se prevé "reñida", según políticos y analistas, únicamente quedará el examen de la Corte Constitucional para que el referendo pueda ser convocado. EFE/Archivo
La Cámara de Representantes votará mañana un proyecto de ley, aprobado la semana pasada por el Senado, para convocar a un referendo con el fin de consultar a los colombianos si aprueban modificar la Constitución para que Uribe pueda optar a una segunda reelección en los comicios de 2010.
El proyecto dice textualmente: "Quien haya sido elegido a la Presidencia de la República por dos periodos constitucionales, podrá ser elegido únicamente para otro periodo".
Si la Cámara de Representantes le da el visto bueno en una votación que se prevé "reñida", según políticos y analistas, únicamente quedará el examen de la Corte Constitucional para que el referendo pueda ser convocado.
El procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, anunció hoy que se investigarán las denuncias presentadas por varios políticos de oposición sobre las supuestas prebendas y presiones del Gobierno a los congresistas para que voten a favor del referendo.
En un diálogo con Caracol Radio, Ordóñez explicó que a la Procuraduría le corresponde asumir este tipo de investigaciones por mandato constitucional.
Las primeras denuncias partieron la semana pasada del aspirante presidencial Germán Vargas Lleras, del partido Cambio Radical, que afirmó que varios parlamentarios han sido "seriamente presionados" para votar a favor del referendo.
Por su parte, el precandidato liberal Rafael Pardo denunció que el Gobierno está usando 220.000 millones de pesos (unos 110 millones de dólares) de un fondo destinado a seguridad ciudadana para comprar votos.
El Gobierno, a través del ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, desestimó hoy esas denuncias.
Decenas de congresistas y ex congresistas han sido investigados en los últimos meses porque supuestamente fueron beneficiados con la adjudicación de notarías y otras prebendas por votar a favor de la reforma constitucional que posibilitó a Uribe optar a su primera reelección en 2006.
En estos días la Procuraduría ha abierto una investigación preliminar contra el senador oficialista Alirio Villamizar, quien presuntamente recibió del Gobierno una notaría por apoyar la mencionada reforma y en cuyo domicilio se hallaron la semana pasada más de 500.000 dólares y documentos comprometedores.
Uribe ganó sus primeros comicios en 2002 y ya en el poder impulsó una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial por una sola vez, lo que él consiguió en 2006.
Aunque no ha confirmado aún si se postulará como candidato en 2010, en sus intervenciones más recientes se ha limitado a comentar que apoya la reelección de la política de "seguridad democrática" que él mismo ha impulsado durante los siete años que lleva en el poder.
El vicepresidente de Política de Diálogo Interamericano, el analista Michael Shifter, que participó estos días en un congreso de comerciantes en Colombia, opina que la eventual segunda reelección de Uribe puede crear la sensación de una "concentración de poder" en el país.
"Me parece que quienes son más uribistas son los más antireeleccionistas, porque reconocen tanto la labor del presidente Uribe que no quieren poner en riesgo su legado, que es tan positivo", reflexiona Shifter en una entrevista que publica hoy el diario El Espectador.
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