AECP recurre ante Industria el concurso público de Cabo Verde que limita la competencia

Las Palmas de Gran Canaria.-  La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas (AECP) ha recurrido ante el Ministerio de Industria el pliego de un concurso público "teledirigido y que restringe la competencia" para construir infraestructuras frigoríficas en el puerto de Mindelo.

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(EFE)

La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas, María de la Salud Gil, denunció hoy en una rueda de prensa la discriminación, inseguridad jurídica e indefensión de las empresas españolas en un concurso público para ejecutar infraestructuras frigoríficas en el puerto de Mindelo, en Cabo Verde.

Así lo anunció hoy la presidenta la de AECP, María de la Salud Gil, quien informó de que los pliegos de este concurso público, restringido a empresas españolas y enmarcado en el memorando suscrito en junio entre España y Cabo Verde para el período 2009-2010, con un protocolo financiero de 53 millones de euros, los elaboró una consultora de ingeniería contratada por el Ministerio de Industria español y "están en portugués".

Gil destacó que el Gobierno caboverdiano, que es el que licita, por 13 millones de euros, exige a las empresas que quieran concurrir, "que compren este pliego por un importe de 1.000 euros antes del 5 de agosto de 2009", pese a que las ofertas pueden presentarse hasta el mes de octubre.

La presidenta de los constructores de Las Palmas agregó que para presentarse a este concurso se exige tener una experiencia mínima de diez años "en proyectos similares, pero no en construcción de infraestructuras frigoríficas, sino en diseño, ingeniería básica de detalle y de implantación de fabricación y de haber implantado infraestructura frigoríficas similares".

María de la Salud Gil consideró que "esto supone un menoscabo importantísimo" para las 230 empresas españolas que cuentan con la clasificación en construcción de infraestructuras frigoríficas. De ellas, 72 poseen la máxima capacidad, entre ellas once canarias.

Otra de las exigencias de este concurso es que todas las empresas de las Uniones Temporales de Empresas han de "cumplir todos los requisitos" del pliego de condiciones, lo que, a su juicio de Gil, "desnaturaliza absolutamente la concepción de una UTE, que tiene como objetivo básico agrupar la experiencia y la capacidad financiera".

Gil rechazó también que se pida 200.000 euros de garantía provisional para poder acceder al concurso y que el banco que la facilite tenga que tener sucursal en Cabo Verde.

La presidente de la AECP opinó que todas estas limitaciones a la competencia harán que sólo se vaya a poder presentarse a este concurso "una o dos empresas", si bien agregó que la patronal de la construcción de Las Palmas va a hacer todo lo necesario para hacer "retrotraer" esta iniciativa pública.

"Si España tiene una política de financiación dentro del Plan África y dentro de las políticas de ayuda al desarrollo, nosotros evidentemente lo aplaudimos, pero lo que más vamos a aplaudir es que las empresas españolas y las empresas canarias gocen de la seguridad jurídica de la que nos ha hurtado el propio Ministerio" de Industria, aseveró María de la Salud Gil.

La presidenta de la AECP aceptó que el licitador de esta obra es el Gobierno de Cabo Verde, ante el que también recurrirá la patronal, si bien exige al Ministerio de Industria que "pida explicaciones al Gobierno caboverdiano" ante la indefensión en la que deja este concurso a las empresas españolas, al tiempo que ha pedido "amparo" al presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero.

Los constructores de Las Palmas piden que se reduzca la cuantía del pliego de condiciones, cuestión por la que se suele pagar unos 60 euros, dijo; que las garantías que se exijan no sean del 15 por ciento, sino del 5 por ciento y que se elimine la obligación de que el banco que la facilite tenga que tener sucursal en Cabo Verde.