La Paz.- El fiscal boliviano Marcelo Soza, que investiga la supuesta trama terrorista para atentar contra el Gobierno de este país, presentó un amparo constitucional e impidió el cambio de jurisdicción del caso de La Paz a Santa Cruz, informaron hoy medios locales.
Soza también recusó a todos los jueces de la jurisdicción de Santa Cruz (este), argumentando que no actuarán con plena imparcialidad porque, en su opinión, se han alineado con dirigentes cívicos opositores de esa ciudad. EFE/Archivo
Soza también recusó a todos los jueces de la jurisdicción de Santa Cruz (este), argumentando que no actuarán con plena imparcialidad porque, en su opinión, se han alineado con dirigentes cívicos opositores de esa ciudad.
El presidente de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, Osvaldo Céspedes, dijo ayer a los medios que la demanda impide a esa jurisdicción "pronunciarse sobre el conflicto de competencia en razón de lo emanado dentro de un recurso constitucional", porque son "respetuosos de la ley".
De su lado, el fiscal Soza indicó que ahora la competencia de jurisdicción debe ser resuelta en la Corte Superior de Distrito de Cochabamba, "por consiguiente ellos (la corte de distrito cruceña) no pueden tomar ninguna determinación mientras no se resuelva esta recusación".
La semana pasada, siete vocales de la Corte Suprema de Justicia determinaron trasladar de La Paz a Santa Cruz, de mayoría opositora al Gobierno, un conflicto de competencias entre ambos distritos para llevar el caso de la presunta banda de terroristas desbaratada en abril pasado.
El Gobierno boliviano ha anunciado que planteará un juicio de responsabilidades contra los magistrados de ese órgano por haber sido ellos quienes decidieron que fuera en Santa Cruz donde se dirimiera el conflicto de competencias del caso.
Los líderes políticos y empresarios cruceños han rechazado la investigación en La Paz con el argumento de que está dirigida políticamente para perjudicar a la oposición autonomista y han reclamado que la jurisdicción sea la de Santa Cruz, donde se descubrió a la banda armada.
Mientras, las autoridades judiciales de La Paz y el Gobierno han denunciado que la corte cruceña no será imparcial a la hora de juzgar a los líderes de esa región, todos opositores.
El pasado 16 de abril la policía boliviana efectuó un operativo antiterrorista en un céntrico hotel de Santa Cruz en el que murieron abatidos cinco integrantes de una supuesta banda de mercenarios internacionales que, según denuncia el Gobierno, preparaba un magnicidio contra el presidente Evo Morales.
El Ejecutivo y la fiscalía han vinculado a líderes políticos y empresariales de Santa Cruz con la supuesta trama terrorista.
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