Buenos Aires.- El Senado de Argentina convirtió hoy en ley la prórroga por un año de la delegación de facultades propias del Parlamento al Ejecutivo que encabeza Cristina Fernández, entre ellas la atribución para fijar derechos a las exportaciones de granos que rechazan las patronales rurales.
El proyecto aprobado hoy también establece que el uso de facultades delegadas por el Parlamento estará sometido a la revisión de la comisión bicameral. EFE/Archivo
La iniciativa, que ya había recibido el visto bueno en la Cámara de Diputados, fue aprobada en el Senado con 38 votos a favor y 30 en contra, tras siete horas de debates que fueron seguidos desde las afueras del palacio legislativo por productores agropecuarios.
Mientras al interior del Senado se llevaba a cabo la votación, en las afueras del Parlamento se produjeron algunos disturbios cuando productores agropecuarios intentaron derribar un vallado de seguridad y protagonizaron altercados con la Policía.
La prórroga aprobada abarca un total de 1.901 leyes que incluyen delegaciones del Parlamento al Poder Ejecutivo, entre las que se encuentra el Código Aduanero, que permite al Gobierno fijar la alícuota de los impuestos a las exportaciones agrarias, eje de un conflicto con la Administración de Fernández desde marzo de 2008.
"Estamos mal. De las 1.901 delegaciones de poderes que hicieron, solo una era del campo, el resto afecta a todos los argentinos. Y es triste que mis hijos tengan problemas en el futuro porque los legisladores no quisieron legislar", dijo a la prensa Néstor Roulet, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, una de las cuatro mayores patronales agrarias del país.
El titular de la bancada oficialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, argumentó durante el debate que "es fundamental" que la fijación de derechos aduaneros sea una "atribución en cabeza del Poder Ejecutivo porque es un instrumento de gobernabilidad" para "actuar con rapidez" frente a los cambios en los mercados internacionales y para proteger la producción argentina.
"Estamos empantanados en una democracia delegativa en un Poder Ejecutivo que cree que los ciudadanos le dan un cheque en blanco para hacer lo que quiere", se lamentó, por su parte, el senador Luis Petcoff Naidenoff, de la opositora Unión Cívica Radical, segunda fuerza parlamentaria.
Para aprobar el proyecto, el oficialismo hizo valer el peso de la mayoría absoluta en el Parlamento que retendrá hasta diciembre próximo, cuando cambie la composición de las cámaras en la que quedará reflejado el resultado adverso para el Gobierno de los comicios legislativos de junio pasado.
De todos modos, el oficialismo hizo algunas concesiones para lograr el voto de aliados, entre ellas la eliminación de "subdelegaciones" de facultades, por lo que sólo el jefe del Estado o el jefe del Gabinete podrán emitir decretos por legislación delegada y no funcionarios de menor rango, como sucedía hasta ahora.
El proyecto aprobado hoy también establece que el uso de facultades delegadas por el Parlamento estará sometido a la revisión de la comisión bicameral (diputados y senadores) que actualmente controla los decretos "de necesidad y urgencia" que dicta el Ejecutivo.
Además, para evitar una futura nueva prórroga, la iniciativa dispone la creación de una comisión técnica que revisará cada delegación contenida en las 1.901 leyes y que en un plazo de ocho meses deberá presentar un informe que indique cuáles de ellas deberían continuar vigentes y cuáles no.
El Senado argentino también convirtió hoy en ley un proyecto impulsado por el Gobierno que declara la emergencia agropecuaria y crea un fondo de 500 millones de pesos (129,5 millones de dólares) para mitigar daños causados por fenómenos climáticos y recuperar la capacidad productiva del campo.
Las patronales agropecuarias exigen la anulación de los tributos a la exportación de trigo (23%), maíz (20%) y girasol (32%) y una reducción de diez puntos porcentuales en la soja (35%), que en la última década se ha convertido en el principal cultivo del país.
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