Palma.- La diputada del PP Catalina Soler ha explicado hoy que su partido presentará antes del día 25, cuando acaba el plazo, 31 enmiendas al decreto ley de medidas ambientales para impulsar las inversiones en Baleares, conocido como decreto Grimalt, una de las cuales pide la ejecución del tren de Alcudia.
La diputada del PP Catalina Soler ha explicado hoy que su partido presentará antes del día 25, cuando acaba el plazo, 31 enmiendas al decreto ley de medidas ambientales para impulsar las inversiones en Baleares, conocido como decreto Grimalt, una de las cuales pide la ejecución del tren de Alcudia. EFE/Archivo
En una rueda de prensa celebrada hoy en la sede del Parlament balear, la diputada ha explicado que la propuesta de su partido para "llevar a cabo una mejora del decreto ley" consiste en tres enmiendas de adición, 21 de supresión y siete de modificación.
Entre las tres enmiendas de adición, Soler ha destacado una en la que pide que se lleve a cabo el proyecto de tren a Alcudia, el cual sería "muy beneficioso para las Islas Baleares y especialmente para Mallorca" y representaría una "medida para impulsar la actividad económica y paliar parte de la crisis".
Esta enmienda es, según Soler, "calcada" de una moción aprobada por unanimidad el 10 de julio de 2008 por el pleno del Ayuntamiento de Alcudia, que pide que el proyecto una Sa Pobla y Alcudia por el sur, al contrario de lo planteado por el Govern, en paralelo a la Ma-13.
Soler ha dicho que el convenio ferroviario con el Gobierno central está desbloqueado, pero no existe "voluntad" del ejecutivo autonómico de llevar a cabo el tren hasta Alcudia, que se debe ejecutar "de una vez por todas" y antes de 2010, y ha defendido que el trazado sur no afecta a ninguna zona protegida.
"Lo que hemos querido hacer con esta enmienda es elevar al Parlament el verdadero debate de si quieren tren o no quieren tren", ha añadido.
El PP pide asimismo al Govern en una enmienda que presente, en un plazo de seis meses, unos textos refundidos de la Ley de Impacto Ambiental de 2006 y la Ley de Conservación Espacios Naturales de Relevancia Ambiental (LECO) de 2005, así como la supresión de varios artículos del decreto.
Este decreto, que pretende reducir, simplificar y agilizar las tramitaciones ambientales de proyectos públicos y privados para dinamizar la economía balear, fue validado en junio por el Parlament y será tramitado como proyecto de ley a petición del PP.
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