Oviedo.- El portavoz adjunto del Grupo parlamentario popular en el Principado, Joaquín Aréstegui, ha defendido hoy que el subsidio aprobado por el Ejecutivo central para los desempleados que no reciben otras ayudas sea complementado desde el Gobierno regional ya que, en su opinión, el coste es "asumible" para las arcas del Principado.
El portavoz adjunto del Grupo parlamentario popular en el Principado, Joaquín Aréstegui. EFE/Archivo
Aréstegui ha comparecido en rueda de prensa para analizar y plantear propuestas sobre el nuevo subsidio de paro que el Gobierno central ha potenciado.
Los populares estiman que en la región hay en torno a 20.000 personas que no perciben ningún tipo de ayuda económico y por tanto serían susceptibles de beneficiarse del subsidio.
Aréstegui ha asegurado que el coste para el Principado no sería "desorbitado" ya que se trataría de 50 millones de euros que servirían para evitar que un número importante de asturianos se sitúe al borde de la exclusión social.
Respecto a los requisitos de las ayudas los populares coinciden en que sea durante seis meses y por un valor de 420 euros, y que paralelamente se realice un proceso de formación que ayude al desempleado a integrase en el mercado laboral.
Aréstegui ha reclamado también al Gobierno Central que conceda el subsidio de desempleo en base a un criterio de necesidad y no económico, y ha exigido la rectificación del ejecutivo en el modo de gestionar las ayudas.
El diputado popular ha afirmado que la medida que se tomó hace una semana en el Consejo de Ministros extraordinario era una medida que no estaba pensada para ayudar a los parados que no recibían ningún tipo de prestación sino que era una maniobra de propaganda política a costa de los más afectados por la crisis.
"No se ha pensado en paliar los problemas de las personas que están al borde de la exclusión social" ha añadido.
A su juicio, la aptitud del Gobierno es frívola e inmoral y se le ha visto "el plumero", ya que hay más de un millón de personas que no perciben ningún tipo de ingreso.
Las propuestas que los populares han planteado es que el Gobierno debe rectificar y que los 420 euros no se deben de conceder con un criterio económico sino social.
El diputado ha explicado que para ello hay que evaluar quien lo necesita de verdad y ayudarlo.
Asimismo, según ha comentado que está medida debe complementarse con la colaboración del Gobierno regional allí donde la Administración central no llegue.
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