Acusan a Spanair de exigir dos billetes a una mujer en silla de ruedas

Madrid.-  La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA) ha criticado hoy a la compañía aérea Spanair por exigir a una mujer que utiliza silla de ruedas la compra de dos billetes, puesto que ocupa más espacio que los demás pasajeros del avión.

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(EFE)

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA) ha criticado hoy a la compañía aérea Spanair por exigir a una mujer que utiliza silla de ruedas la compra de dos billetes, puesto que ocupa más espacio que los demás pasajeros del avión. EFE/Archivo

Se trata de Mari Paz Montserrat Blasco, campeona de natación, atleta paralímpica y medallista española, a quien, según ha denunciado esta organización, la compañía quiere obligar a pagar 600 euros para viajar a Madrid, de regreso desde Gran Canaria.

Desde Spanair aseguran que "todas las personas que tienen un requerimiento físico, como obesidad excesiva o alguna discapacidad, deben abonar el espacio que requieran para poder viajar", aunque matizan que si hay sitio libre en el aparato, pueden ocupar dos plazas.

Si la aerolínea no rectifica, la Federación estudia emprender acciones legales contra ella por la vulneración de derechos constitucionales y jurídicos, contemplados en el marco legal que defiende de todo tipo de discriminación social por padecer una discapacidad.

FAMMA ha exigido a la compañía que no discrimine a la gente por padecer una discapacidad y que se solucione de inmediato la situación de Mari Paz, para que pueda volar mañana desde Canarias a Madrid como "una ciudadana en igualdad de condiciones que los demás".

Javier Font, presidente de esta Federación, ha explicado que la afectada padece una severa discapacidad y, por ello, necesita de la ayuda de otra persona en sus desplazamientos, circunstancias expuestas al contratar el billete y no respetadas por la compañía pues fueron separadas.

Ante esta situación, Mari Paz sufrió un cuadro de ansiedad, algo que el movimiento asociativo de personas con discapacidad califica de "inaceptable".

Font ha relatado que el pasado 11 de junio esta mujer adquirió un billete en clase turista para viajar desde Madrid a las Islas. Como de costumbre, el personal de Aena la atendió a su llegada al aeropuerto madrileño de Barajas y no tuvo ninguna dificultad para facturar, hasta que llegó a la puerta de embarque del vuelo de Spanair.

Una vez dentro del avión, el personal de a bordo no fue capaz de ubicarla en su asiento y, por ello, la viajera sufrió una crisis de ansiedad después de que le dijeran, incluso, que no iba a poder volar.

Finalmente, se vio obligada a viajar en el asiento de una azafata, "vulnerando cualquier principio de seguridad para el viajero", ha alegado el presidente de FAMMA.

Una vez en Canarias, y para evitar estas molestias a su regreso, se puso en contacto con la compañía Spanair que le exigió el pago de 587 euros para asegurarle un lugar en el vuelo de regreso, según ha denunciado Mari Paz.

"Lo que más duele es que siempre es el débil el que pierde", ha lamentado la deportista, quien había advertido previamente de que tenía movilidad reducida y precisaba silla de ruedas.

Por ello, según Font, debe viajar en el sitio del avión que mejor se adapte a sus circunstancias y, en caso de que no hubiese en clase turista, "debería ser facilitado en primera clase pero sin tener que pagar más".

"No tiene que ser discriminada ni obligada a pagar un extra. No es la primera vez que recibimos quejas por el trato a los discapacitados por parte de las aerolíneas y que son condenadas por la Justicia por actos semejantes", ha aseverado.

La medallista ha esgrimido que ha viajado a varios destinos y en diferentes aerolíneas, tanto por placer como para representar a España en numerosos campeonatos de natación adaptada, y "nunca se había topado con una situación similar".

FAMMA ha exigido a Spanair que ponga al día sus criterios de política social y derechos legales que protegen a las personas con discapacidad, porque estos hechos incurren en "una discriminación negativa, un abuso de derecho, una situación degradante e indigna y sin justificación alguna en el siglo XXI".