Sevilla.- El PP-A ha denunciado hoy que la Junta "persigue" a los alcaldes populares con la concesión de ayudas a la promoción de vivienda protegida y "discrimina" a los ciudadanos de estos municipios, y ha exigido al consejero de Vivienda, Juan Espadas, que deje de "manipular datos y de engañar" a los andaluces.
Por su parte, el portavoz de Infraestructuras del grupo del PP, Jaime Raynaud (en la imagen), anunció que llevará a la Comisión de Obras Públicas del Parlamento andaluz una proposición no de ley de Ley para poner en marcha un Plan de Reactivación en materia de Infraestructuras con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los compromisos de cofinanciación por parte de las entidades financieras y empresas privadas firmantes de los convenios con la administración andaluza. EFE/Archivo
En conferencia de prensa, los populares han elevado hoy el tono de sus acusaciones contra la Junta al asegurar que la concesión de ayudas para la promoción de VPO en los municipios gobernados por el PP no sólo "discrimina" a los ciudadanos de esas localidades, sino que suponen una "persecución" a los alcaldes del PP, que gestionan el 31,48 por ciento de la población andaluza y, por tanto, de sus necesidades en materia de vivienda.
Ricarco Tarno, vicesecretario general del PP andaluz, ha esgrimido que todo lo que sea por debajo de este porcentaje de población a la hora repartir ayudas para la promoción de vivienda supone un "claro sectarismo" de la administración autonómica contra las corporaciones locales del PP.
El principal partido de la oposición sostiene que en los primeros meses de 2009 el PSOE recibió el 77,58 por ciento de las subvenciones para la rehabilitación de vivienda y que las corporaciones del PP percibieron el 5,30 por ciento, por lo que Tarno ha esgrimido que la "justificación" ofrecida por el titular de Vivienda, Juan Espadas, de que las ayudas se conceden con criterios objetivos es una "manipulación, un engaño" a los ciudadanos, que son los que sufren la "persecución" a los alcaldes del PP.
"Todo lo que sean subvenciones por debajo del porcentaje de población que gestionan los alcaldes del PP es una discriminación", ha asegurado.
El dirigente del PP ha insistido en que Espadas tendrá que dar explicaciones en el Parlamento autonómico y, preguntado por si su partido iba a presentar algún tipo de iniciativa en Federación Andaluza de Municipios y Provincias, ha comentado que su formación "no cree mucho" en una institución que está "controlada y es correa de trasmisión" del PSOE y de la Junta.
Por su parte, el portavoz de Infraestructuras del grupo del PP, Jaime Raynaud, anunció que llevará a la Comisión de Obras Públicas del Parlamento andaluz una proposición no de ley de Ley para poner en marcha un Plan de Reactivación en materia de Infraestructuras con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los compromisos de cofinanciación por parte de las entidades financieras y empresas privadas firmantes de los convenios con la administración andaluza.
Según Raynaud, el PP pretende evitar así que se repita el "fiasco" del Plan de Vivienda, que supuso el anuncio "a bombo y platillo" en noviembre de 2008 de una inversión de 9.550 millones de euros.
Hasta el momento, de esa cifra inicial sólo se han invertido 40 millones, ha advertido.
"No queremos que con la obra pública ocurra lo mismo", dijo el portavoz popular, que explicó que el PP aboga por un pacto previo con las entidades financieras para la financiación del 50% de un Plan de Infraestructuras para el que se consignarían 15.000 millones de euros hasta 2013.
Además, el PP considera que habría que hacer un esfuerzo para que las empresas privadas andaluzas tengan un importante papel en dicho Plan y que palíe así los efectos del año 2008, el "peor" en adjudicaciones a las empresas privadas por parte de la Administración.
Raynaud ha reiterado la necesidad de que Andalucía recorte distancias con el resto de comunidades autónomas y de regiones europeas, cuyo volumen global medio destinado a la financiación de las obras públicas es del 2 por ciento del PIB.
En Andalucía, por el contrario, apenas llega al 1 por ciento, cuando harían falta al menos 3.000 millones anuales, según el dirigente popular.
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