San José.- El Seguro Social de Costa Rica solicitó hoy una indemnización de 46 millones de dólares al ex presidente Rafael Ángel Calderón (1990-1994) y a otros siete acusados en una demanda por corrupción, que se suman a los 89 millones que ya pidió la Procuraduría General por el mismo caso.
La Fiscalía ha acusado tanto a Calderón, que actualmente es candidato a la Presidencia, como a otros funcionarios del Seguro Social y de la Corporación Fischel, que representaba a la compañía finlandesa en Costa Rica, de tramar un plan para beneficiarse de una comisión ilegal. EFE/Archivo
Representantes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) solicitaron hoy esta indemnización a los jueces por los daños y perjuicios causados a la institución con un préstamo adquirido en 2002.
El caso, denominado Caja-Fischel, está relacionado con el desvío de fondos públicos en un préstamo de 39,5 millones de dólares que la CCSS contrajo con el Gobierno de Finlandia para la compra de equipo a una empresa de ese país.
De este crédito, supuestamente Calderón y varios funcionaros públicos y privados se repartieron ocho millones de dólares a modo de comisión.
La acción civil del Seguro Social, al igual que la presentada por la Procuraduría, señala que la indemnización, que combinada suma 135 millones de dólares, debe ser solidaria, es decir, pagada por todos los acusados en partes iguales.
La Fiscalía ha acusado tanto a Calderón, que actualmente es candidato a la Presidencia, como a otros funcionarios del Seguro Social y de la Corporación Fischel, que representaba a la compañía finlandesa en Costa Rica, de tramar un plan para beneficiarse de una comisión ilegal.
Además del ex mandatario, los otros imputados son Eliseo Vargas, ex presidente ejecutivo de la CCSS, Juan Carlos Sánchez, ex gerente de modernización de la esta entidad, y el ex directivo del Seguro Social Gerardo Bolaños.
Por parte de Fischel están acusados Walter Reiche, presidente de la empresa, el ex gerente general Marvin Barrantes y el ex gerente financiero Olman Valverde.
En el campo penal, la Fiscalía solicitó una pena de 24 años de prisión para Calderón, quien recibió en una cuenta bancaria en Panamá una comisión de 520.000 dólares por la aprobación del crédito, aunque éste afirma que ese dinero era un pago legítimo por una consultoría que le brindó a la Corporación Fischel.
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