La Xunta frena el concurso eólico al rechazar la participación pública

Santiago de Compostela.-  La Xunta ha decidido anular la admisión a trámite 2.300 megavatios eólicos, el concurso público de mayor envergadura del anterior Gobierno bipartito, al entender que el proceso no se ha atenido a la legislación y que una administración pública no puede formar parte de estos proyectos industriales.

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(EFE)

Los diputados del BNG Fernando Blanco (i), y Herique Viéitez, durante su comparecencia esta tarde en el Parlamento gallego para evaluar el anuncio de anular el Decreto eólico de Galicia para crear un canon por los aerogeneradores.

Representantes del Gobierno gallego anunciaron hoy que el Consello de la Xunta anulará mañana este concurso, y anunciaron una ley que resolverá todo los vinculado a esta energía, que impedirá la participación pública en los parques, pero creará un canon por los aerogeneradores.

El conselleiro de Economía, Javier Guerra, y el responsable de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, explicaron que la decisión de revocar el concurso por el que se adjudicaron provisionalmente 2.3000 megavatios se tomó porque, según informes jurídicos, el proceso presenta "tachas graves de legalidad".

Por ello, el Gobierno gallego considera que sería una "grave irregularidad" mantener el proceso anterior.

El concurso eólico se dirimió el pasado 26 de diciembre, en que se repartieron entre 29 grupos empresariales 2.290 megavatios, de los que cerca del 14 por ciento quedaba en manos públicas.

Socialistas y nacionalistas, que se habían enfrentado en el seno del Gobierno gallego a raíz de la resolución de este concurso, reaccionaron hoy con críticas a la decisión del Gobierno gallego.

Así, el que fue conselleiro de Industria durante el Gobierno de coalición, Fernando Blanco, consideró que los argumentos de la Xunta para decidir la anulación del concurso son los mismos que esgrimen las grandes operadoras de energía, a cuyo servicio se pone, según los nacionalistas, el Gobierno gallego con este acuerdo.

Fernando Blanco calificó la decisión de "política, que no se puede disfrazar de jurídica" e indicó que sorprende que el Gobierno gallego haya alegado la presunta inconstitucionalidad del proceso, ya que el Tribunal Constitucional, dijo, solamente se pronuncia sobre leyes o vulneración de derechos.

El PP, señaló, no ha sido capaz de encontrar "ninguna tacha" al concurso eólico y su decisión revela la existencia de dos modelos: el de los populares, que no tendrá beneficios para los gallegos, y el que impulsó el BNG, que impulsaba la participación pública en los proyectos, para que Galicia obtuviese beneficios de los extraídos por el sector eólico, dijo.

Blanco destacó, además, que la decisión de la Xunta paraliza proyectos industriales asociados a los parques, que tenían previsto generar unos tres mil empleos, mientras la anterior administración, por primera vez, había convocado un concurso público, a diferencia de otras épocas en que gobernaron los populares.

Por su parte, el PSdeG consideró que la derogación del concurso eólico puede suponer un coste económico "muy importante para las arcas públicas gallegas", por las indemnizaciones que podrían solicitar las empresas a las que inicialmente se concedieron megavatios.

El portavoz de economía del Parlamento, Abel Losada, afirmó que, con esta decisión, la Xunta "paraliza e hipoteca a un sector económico" de Galicia.

El Partido Popular, en opinión de Losada, "muestra una cara y practica otra" ya que, a su juicio, la derogación del decreto eólico supone "un coste muy importante para las arcas públicas gallegas", por lo que los populares "no pueden un día hablar de austeridad y al siguiente malgastar los fondos públicos".

Losada explica que los beneficiarios iniciales de la concesión "tienen muchos derechos adquiridos, lo que conlleva reclamar indemnizaciones" que supondrían "un coste adicional para los gallegos" mientras, "por ahora, no sabemos aún cuál va a ser el beneficiario".