HRW condena el proyecto de ley sobre "delitos mediáticos" en Venezuela

Washington.-  La organización Human Rights Watch (HRW) condenó hoy el proyecto de ley sobre "delitos mediáticos" impulsado por el Gobierno de Venezuela, y afirmó que se trata de una "receta para la censura" incompatible con la libertad de expresión.

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En un comunicado, la organización condenó la propuesta de la Fiscalía de Venezuela de incluir una serie de "castigos" contra medios de comunicación en el proyecto de Ley Especial contra Delitos Mediáticos que actualmente prepara la Asamblea Nacional.

La propuesta prevé "castigar" a los medios que "causen pánico" en la población o "perjuicios" a los "beneficios" del Estado, a los que "manipulen" o "tergiversen" y a los gerentes que amenacen o coaccionen a la población, según la fiscal general del Estado, Luisa Ortega.

"Estamos frente al ataque más frontal a la libertad de expresión en Venezuela desde que Chávez asumió el poder", aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

"Con la excepción de Cuba, Venezuela es el único país en la región al cual le resultan abiertamente indiferentes los estándares universales sobre libertad de expresión", añadió Vivanco.

HRW denunció que el proyecto de ley contempla penas de prisión de hasta cuatro años para quienes divulguen información que produzca un "perjuicio a los intereses del Estado", y aseguró que la propuesta sucede a una serie de medidas que las autoridades del país adoptaron este mes y que "atentan gravemente contra la libertad de expresión".

La organización señaló también que, en caso de ser sancionada, la propuesta de ley presentada por la Fiscalía constituiría "una clara violación del derecho internacional sobre libertad de expresión", incluido el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"El proyecto de ley no es más que una receta para la censura y resulta absolutamente incompatible con las normas internacionales sobre libertad de expresión", sentenció Vivanco.

La organización también denunció el proceso abierto este mes por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) contra cuatro canales de televisión y dos estaciones de radio por difundir una campaña publicitaria que defendía la propiedad privada.

HRW señaló que Conatel ha prohibido la difusión de anuncios "similares" a estos, en lo que considera una definición "amplia" que dificulta a las cadenas "determinar cuáles avisos no deberían ser transmitidos".

Según Vivanco, esta "prohibición generalizada" de difundir avisos en los cuales se critica una propuesta legislativa oficial "limita el debate público, que es un componente clave de cualquier sociedad democrática".

La organización también rechazó la propuesta del ministro del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, de "obligar a los canales de cable que cuenten con más del 30 por ciento de programación venezolana a transmitir en directo las cadenas presidenciales cuando el presidente Chávez así lo disponga".

"Durante años, Chávez ha abusado de su poder para tomar el control de las señales de aire con el fin de impulsar su agenda política", dijo Vivanco.

"Ahora está extendiendo este abuso a los canales de cable, que no suelen estar sujetos a este tipo de prácticas", añadió.

Según la organización, en 2009 Chávez ha obligado a las estaciones a transmitir en directo 75 discursos con una duración promedio de más de una hora.

Por último, HRW acusó a la administración de Chávez de tratar de limitar "la capacidad de las estaciones privadas de radio de conformar circuitos para compartir su propia programación" y conseguir así extender su cobertura a todo el país.