El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo

Murcia.-  El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, que será remitido a la Asamblea Regional para su tramitación parlamentaria y cuyo objetivo es dotar de un marco específico a quienes hayan sido o puedan ser víctimas de actos de terrorismo.

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(EFE)

La portavoz del Ejecutivo murciano, María Pedro Reverte. EFE/Archivo

Así lo ha anunciado hoy la portavoz del Ejecutivo murciano, María Pedro Reverte, en conferencia de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban, a las puertas del cual se concentraba un grupo de trabajadores de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Ambulancias (APMEA) con sus respectivos vehículos, que, con las sirenas encendidas, protestaban por la adjudicación del concurso para el transporte sanitario a firmas de otras regiones.

Reverte ha destacado que esta normativa incluye diversas ayudas y medidas asistenciales y económicas para indemnizar por daños físicos y psíquicos a las víctimas, así como para reparaciones de daños materiales, prestaciones asistenciales y ayudas extraordinarias.

Además, esta ley prevé la creación de un Fondo de Solidaridad, subvenciones crediticias, beneficios fiscales y distinciones honoríficas, al tiempo que destina partidas a las asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto principal sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas y afectados.

Los beneficiarios de las ayudas serán las víctimas de actos terroristas, indistintamente de su lugar de origen, que hayan sufrido este tipo de violencia en la Región, así como aquellos que estén empadronados en la Comunidad y hayan padecido esta lacra en cualquier parte del mundo.

También se beneficiarán, según ha explicado la consejera de Presidencia, los familiares de las víctimas hasta el segundo grado de consanguinidad, los cónyuges, si no estuvieran separados legalmente, o las personas con relación de afectividad análoga a la conyugal, así como aquellas que hayan sufrido daños materiales.

Así mismo, se podrán recibir indemnizaciones por fallecimiento, gran invalidez, incapacidad permanente parcial, total y absoluta, incapacidad temporal y lesiones de carácter definitivo no invalidantes.

Esta normativa también amparará la reparación derivada de actos terroristas ocasionados en viviendas, sedes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales, establecimientos mercantiles o industriales, o en elementos productos de las empresas, así como en vehículos.

El importe máximo fijado para las indemnizaciones por daños físicos, psíquicos y materiales para cada beneficiario asciende a 60.000 euros, ha destacado Reverte, quien ha apuntado que será requisito imprescindible la previa solicitud a la Administración General del Estado de las ayudas y compensaciones que para estos supuestos tiene prevista en su normativa, con lo que la Comunidad Autónoma incrementará las cantidades concedidas por el Estado en un 30 por ciento.

Así mismo, la Ley también regula seis clases de prestaciones asistenciales, como son la sanitaria, psicológica, psicopedagógica, gastos de estudios, prestaciones laborales, y proporcionar alojamiento y vivienda de forma provisional mientras se reparan los daños.