Los funcionarios piden a los cargos públicos que paguen las indemnizaciones con su patrimonio

Santa Cruz de Tenerife.-  Funcionarios autonómicos advirtieron hoy de que hay mecanismos legales para que los cargos públicos afronten con su patrimonio las indemnizaciones derivadas de sus actos, por lo que darán un tiempo prudencial antes de pedir a la justicia que inicie los expedientes de responsabilidad patrimonial pertinentes.

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(EFE)

Javier Galvan (i), del CSI-F, y Francisco Javier Alberto (d), del CESP, durante la presentación de una plataforma de organizaciones sindicales del sector en la que exigen a los miembros del Gobierno de Canarias que los políticos paguen de su patrimonio las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial.

Así lo señalaron hoy en rueda de prensa conjunta Lesmes Siverio, del Sindicato Independiente Canario; Javier Galván, presidente del sector autonómico del CSIF; Francisco Alberto Barrios, del Cesp; y Cándido Pérez, de la asociación profesional Unión de Funcionarios, que han creado una plataforma por una administración pública "eficaz".

Según indicó Lesmes Siverio, la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo establece en su artículo 145 que la Administración correspondiente exigirá de oficio a sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia grave.

Con este mecanismo no serían los ciudadanos los que paguen las indemnizaciones "millonarias" derivadas de casos como el de Tebeto, sino "los que han metido la pata", a quienes darán "un tiempo prudencial" que inicien los expedientes correspondientes o si no irán a los tribunales "para que se les ponga la cara colorada".

Los funcionarios temen que las indemnizaciones que debe afrontar la Comunidad Autónoma, entre las que se encuentra la derivada por la expropiación para ampliar la sede del Parlamento de Canarias, aumentarán con las que proceden de la moratoria turística.

Las organizaciones de funcionarios anunciaron su intención de reunirse con los grupos parlamentarios para pedir que la Administración inicie de oficio los expedientes de responsabilidad patrimonial y que se investigue para que los ciudadanos sepan "quiénes son" los responsables en cada caso.

"Con esta medida cambiarían muchas cosas en Canarias", afirmó Lesmes Siverio, quien indicó que también se ha entregado esta propuesta al presidente canario, Paulino Rivero, y al consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano.

En su opinión, los expedientes llegan a los Servicios Jurídicos "tarde y mal", después de que han pasado 10 años de que los políticos han adoptado su decisión, y exigieron que se cumpla la ley "porque alguien tiene que pagar los desmanes que están haciendo".

Por ello la plataforma que han creado estas organizaciones exige además que los altos cargos con rango inferior al de viceconsejero sean desempeñados por funcionarios de carrera, como ocurre en la Administración estatal, pues denuncian "falta de preparación en la clase política".

Cualquier alto cargo puede ser ocupado "por cualquiera, por un taxista, un fontanero o un maestro, pero cuando pasa algo como Tebeto miran a los funcionarios", añadió Siverio, quien citó como ejemplo la destitución de la jefa de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, María Jesús Mesa.

A su juicio, la Administración autonómica "ha ido debilitando sus mecanismos de control poco a poco porque los puestos clave son de libre designación", como interventores, secretarios de ayuntamientos o jefes de servicio, y si hacen un informe que "no gusta" a un cargo político "éste dice que ha perdido su confianza y a la calle".

Por ello reclamaron funcionarios que accedan a estos puestos por concurso de méritos y con estabilidad, y advirtieron de que el Gobierno de Canarias aprobó en abril un decreto por el que prevé eliminar en tres años la función previa de los interventores para los gastos de la Comunidad Autónoma, y sólo emitirían informes posteriormente.

"Son pequeños hitos que poco a poco van desmontando un sistema que según la Constitución, implica objetividad en la administración al ciudadano, funcionarios preparados e imparciales y no al servicio del interés político", añadió el dirigente sindical.