Bacigalupo vaticina que será "larga" la llegada del derecho penal europeo

Santander.-  El juez del Tribunal Supremo Enrique Bacigalupo ha opinado hoy que el desarrollo de las normas para la implantación de un derecho penal comunitario, en el ámbito de la Unión Europea (UE), no será una realidad en 2010 y ha apuntado que su elaboración será "larga".

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(EFE)

El magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Penal, Enrique Bacigalupo; el jefe de la Unidad D.2 de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), Lothar Kühl y el director del Instituto de Investigación Ortega y Gasset, Jesús Sánchez (d a i), tras sus respectivas intervenciones en el encuentro: "La técnica jurídica de un futuro derecho penal europeo" que se celebra esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.

Bacigalupo se ha manifestado así en un rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, donde participa en el encuentro "La técnica jurídica de un futuro derecho penal europeo", y en la que ha estado acompañado por el director de Investigación Universitaria de la Fundación Ortega y Gasset, José Sánchez Lambás.

"Va a ser de larga elaboración y se irá más allá de 2010", ha pronosticado Bacigalupo al hablar de la posible entrada en vigor de un derecho penal comunitario, una idea que ha apoyado Sánchez Lambás, para quien su implantación "va despacio, pero tiene que ir".

A este respecto, el representante de la Fundación Ortega y Gasset ha destacado el retraso que ha supuesto el veto del Reino Unido en 2004 a la propuesta marco sobre un sistema procesal europeo elaborada por la Comisión Europea (CE).

"Ha supuesto que cada cuestión procesal ahora haya que abordarla una a una", ha lamentado Sánchez Lambás, quien ha explicado que desde el veto británico el "único" acuerdo alcanzado es el del sistema de traducción, que garantiza el derecho, a 6 millones de ciudadanos europeos que viven en países de la UE que no son el suyo y los ciudadanos extranjeros, a entender las acusaciones.

Sobre las bases para establecer los delitos que abordará el futuro derecho penal comunitario, Bacigalupo, quien también ha estado acompañado por el jefe de la Unidad D.2 de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la CE, Lothar Kühl, ha recordado que se encuentran en el artículo 83 del Tratado de Lisboa.

Estos delitos se refieren a aquellos de "especial gravedad" y de "ámbito transnacional", entre los que se encuentran el terrorismo, la trata de seres humanos, el tráfico de drogas y armas, la corrupción o la delincuencia organizada, que podrían ser ampliados por la CE sobre las mismas bases que los anteriores, algo que, según ha recordado el juez del Supremo, "ha sido muy criticado".

Bacigalupo, que es catedrático de Derecho Penal, también ha señalado que en el ámbito comunitario, además de delitos penales, existen responsabilidades administrativas, en cuya consideración las diferencias entre los países de la UE son "poco importante".

Esto se constata, a su juicio, en que, entre 2004 y 2009, la CE impuso multas por posición dominante en el mercado de entre 151,9 y 1.060 millones de euros a empresas como Microsoft, Telefónica o Intel, y multas por acuerdo de precios que oscilaron entre los 370 y los 896 millones de euros.

Por su parte, Lothar Kühl ha señalado, a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que la OLAF pueda evitar en la UE que se produzcan fraudes como el del Madoff en Estados Unidos, que este organismo se centra en los fraudes en las ayudas comunitarias y no en el mercado de capitales.

Y ha destacado que desde su creación ha contribuido a lograr "una mayor coordinación" entre los países miembros en el ámbito de la acción penal.